El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad la toma en consideración de la proposición modificación de la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.

La proposición de Ley Foral presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra tiene por objeto extender a las víctimas de bebés robados el reconocimiento, la reparación moral y el amparo institucional necesarios para hacer efectivo el derecho a la identidad y a la búsqueda de los seres queridos “injusta e ilegalmente arrebatados en el marco de la represión de género implantada durante el franquismo”.

En su afán por subsanar las lagunas detectadas en el ámbito de la memoria histórica, se compromete al Gobierno de Navarra a “proteger, acompañar y apoyar a las madres, padres y hermanos que, en cualquier grado de cosanguinidad, sufrieron la desaparición de su bebé, y se ofrece apoyo psicológico, jurídico (asistencia gratuita) y de mediación a las personas que buscan su identidad biológica”.

Así, tras poner en valor la labor de denuncia social y penal llevada a cabo por asociaciones y personas a título individual, se proyecta la elaboración de un censo de bebés robados para, a través de un Convenio con el Fondo Documental de la UPNA, tratar de esclarecer los casos de adopción irregular e identificar a las madres biológicas que no hubieran dado su consentimiento.

A tal fin, se solicitará la colaboración de todas las instituciones públicas o privadas que custodien archivos, registros, expedientes o historiales médicos sobre nacimientos producidos en Navarra desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de enero de 1990. Dicho censo, que no será público, proporcionará a los interesados copia de la documentación que les afecte.

Por otra parte, el banco de ADN que, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, se encarga de conservar las muestras de restos óseos procedentes de las exhumaciones realizadas en la Comunidad Foral, se ocupará también de recabar muestras de las personas afectadas por estos robos, ya se trate de madres biológicas o de personas adoptadas.

Y en el supuesto de que, tal y como se contempla en el artículo 3 de la Ley Foral 33/2013, el proceso de esclarecimiento y búsqueda exija la apertura de algún enterramiento, el Gobierno de Navarra asumirá el costo, para lo cual se dotará de una partida económica independiente de la dedicada a las exhumaciones, todo ello en el marco de un plan de trabajo anual.

La propuesta hace referencia también a la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica, un órgano en el que, junto al Parlamento, las Administraciones Públicas y diversas asociaciones conectadas con la materia, estarán representadas también las víctimas de bebés robados, así como entidades académicas y profesionales relacionadas con las materias de historia, medicina forense y arqueología.

Por último, el texto otorga al Gobierno de Navarra un año de plazo para celebrar un acto institucional a favor de las demandas de las alrededor de 200 personas afectadas en la Comunidad Foral por el “masivo robo de bebés, una vertiente de la represión franquista que se cebó especialmente con familias numerosas, mujeres pobres y con carencias de índole cultural y económica”.

A modo de colofón, se solicita al Estado las modificaciones legales pertinentes para, amén de elevar este tipo de delitos a la categoría de lesa humanidad (imprescriptibles), crear una fiscalía especializada y un banco de ADN y, ya en un plano más general, facilitar la investigación y el acceso a los archivos.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación del Proposición de Ley Foral (BOPN, nº 40, de 03-03-2017)