La Comisión de Salud ha visitado hoy, a petición de los grupos parlamentarios UPN, SN, Bildu, Aralar-Nabai, PPN e I-E, el centro de salud de Burguete.
 

Los miembros de la Comisión de Salud que han asistido han sido José Antonio Rapún, Carmen Ferrer (G.P. UPN), Carmen Ochoa (G.P. Socialistas de Navarra), Bakartxo Ruiz (G.P. Bildu), Asun Fernández de Garaialde (G.P. Aralar-Nabai), Enrique Martín de Marcos (G.P. PPN) y Marisa de Simón (G.P. Izquierda-Ezkerra).
 

La delegación del Parlamento ha sido recibida por Ignacio Yus, director de Atención Primaria, Mª Jesús Ederra, jefa de Enfermería de la subdirección Navarra Norte, Ana Granado, jefa del servicio de Enfermería de Atención Primaria, Antonio López, subdirector de Navarra Norte, Mª Ángeles Armendáriz y Mª Puy Gil, médica y enfermera de Burguete, José Antonio Pérez, médico de Erro, José Ignacio Ubau y Angelines Munárriz, médico y enfermera de Aezkoa, Isabel Cubero, Miriam Almirante y Merche Caminos, médica y enfermeras de Valcarlos. También han participado diversos cargos electos de la zona.
 

El objeto de la visita, según ha constatado Bakartxo Ruiz, ha sido “mantener una reunión con los profesionales y los representantes de las entidades locales”, una vez derogado el decreto foral que reformaba la atención sanitaria continuada y urgente en las zonas rurales, reforma para la que, a partir de un “plan alternativo”, la nueva Ley aprobada el 8 de febrero otorga un plazo de “un año al Gobierno de Navarra”.
 

Seguidamente se ha celebrado una reunión, en el transcurso de la cual los profesionales sanitarios y los cargos electos de la zona han mostrado su “disconformidad” con el planteamiento del decreto, ya derogado, y con la “actitud” del Departamento, empeñado en actuar desde un punto de vista “economicista” que, a su entender, les aboca a un “retroceso” en el terreno asistencial.
 

En ese sentido, médicos, enfermeras y concejales han reclamado criterios de “equidad y no discriminación” para abordar cualquier “revisión” de las urgencias en una zona alejada, de difícil orografía y con una población que, aun “escasa y envejecida (32% mayor de 65 años), se incrementa un 30-40% de junio a noviembre”.
 

A ese respecto, han solicitado una lectura de los datos ajustada al contexto, porque “aquí las urgencias siempre son justificadas, la ambulancia sólo se usa en casos imprescindibles. Da la impresión de que se premia a las zonas de mucha demanda, en ocasiones sin fundamento, y se penaliza a aquellas otras que hacen un uso razonable de los recursos”.
 

Sanitarios y representantes públicos de la zona han concluido abogando por la adopción de medidas que contribuyan a frenar la “despoblación y facilitar la vida en el Pirineo”, quizás la “mejor manera” de que la tarjeta sanitaria “no salga tan cara” en una franja donde, en 2011, han contabilizado 59.853 peregrinos y 36.000 usuarios del Camping Urrobi (Espinal-Auzperri).
 

Ignacio Yus, director de Atención Primaria, se ha comprometido a “desarrollar los mecanismos de consenso” oportunos para “replantear” la atención continuada y urgente “atendiendo la visión” de profesionales, ayuntamientos y grupos parlamentarios. “Reconozco un fracaso clamoroso en nuestra reforma, pero debido a un muy mal trabajo de comunicación. Voluntad de entendimiento, interlocución, ha habido y la va a haber”.
 

En lo relativo a Burguete, Yus ha reiterado su intención de “priorizar las necesidades” de esta zona, de hecho, según ha recordado invocando el decreto, “el actual dispositivo (19 profesionales sanitarios) no se reducía y la guardia localizada (en lugar de la guardia física) se planteaba en el horario de menor actividad, incrementando un 45% su retribución”.
 

Los portavoces de la Comisión de Salud han valorado positivamente las aportaciones de sanitarios y representantes públicos y, en ese sentido, han llamado a pactar una reforma con el asenso de todos los estamentos implicados.

Carmen Ferrer (G.P. UPN) ha afirmado que desde su formación “nunca se ha dudado de los profesionales sanitarios. Ahora lo que procede es que todas las partes colaboren para arreglar esto”.

Carmen Ochoa (G.P. Socialistas de Navarra) ha instado al Departamento a “hacer borrón y cuenta nueva. Ha faltado realismo y diálogo. Se podrá ahorrar y ganar en eficiencia, pero no cuestionando lo básico. Si se hubiera implantado la reforma, de aquí no sale nadie vivo. Las zonas de montaña y, en general, las zonas desfavorecidas requieren una discriminación positiva, no sólo equidad. La navarra rural es un gran activo”.

Bakartxo Ruiz (G.P. Bildu) se ha congratulado de que responsables de Salud “hayan venido a escuchar, algo que antes se había echado en falta. Aun asumiendo la dificultad de lograr consensos, es imprescindible abrir verdaderos cauces de participación. Ahora bien, me preocupa comprobar que el Departamento parte de la misma base, negando planteamientos economicistas e insistiendo en las bondades de la reforma desechada. Nuestro grupo exige para este territorio la misma equidad que, por ejemplo, se esgrimió para mantener el transporte interhospitalario en Tudela”.

Asun Fernández de Garaialde (G.P. Aralar-Nabai) ha apuntado que, partiendo de la base de que la sanidad necesita “reformas y mejoras, no vale la misma fórmula para toda la Comunidad, porque no todas las zonas son iguales y eso es algo que no se ha tenido en cuenta. La Consejera habla de participación y los profesionales lo niegan. Comparto la idea de la penalización y las demandas planteadas en lo tocante a servicios y trabajadores”.

Enrique Martín de Marcos (G.P. UPN) ha advertido que la atención sanitaria “en toda Navarra debe estar presidida por la equidad y la calidad asistencial. Eso, en el caso del Pirineo, exige tomar en consideración cuestiones tales como la distancia, las vías de comunicación, la población flotante o el importante número de personas mayores. Estamos a tiempo de llegar a un consenso. Hay que retomar las conversaciones, estudiar las necesidades de cada punto geográfico y recabar el compromiso de los profesionales con la reforma”.

Marisa de Simón (G.P. I-E) ha señalado que “tenemos un año para evaluar el modelo actual y definir otro más eficaz y eficiente, respetando el principio de equidad. El rechazo mayoritario está en el origen de la derogación de la reforma contenida en el decreto que, obviando la opinión de los profesionales, elaboró el Departamento. Aquél proceso no fue el adecuado, esperemos que ahora se abra a la participación”.