El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos-Ahal Dugu, PSN, PPN e I-E, la abstención de UPN, la creación de una Comisión de Investigación sobre la planta de biometanización de Ultzama.

La comisión tendrá por objeto investigar “sobre el procedimiento de concesión de obra pública y posterior explotación de la planta de producción de electricidad con base en purín ganadero ubicada en lraizotz (Ultzama), los proyectos técnicos que la sustentaron, la cesión de la concesión a Bioenergía Ultzama S.A, la participación de concejales como socios en esta mercantil, el desarrollo de la actividad y cierre de la planta, así como el empleo y destino de los fondos públicos provenientes de ayudas o subvenciones otorgadas por los Departamentos del Gobierno de Navarra”.

En la exposición de motivos de la propuesta que hoy ha debatido el Pleno de la Cámara, los grupos proponentes justificaban la creación de la Comisión de Investigación con los siguientes argumentos:

“La Cámara de Comptos ha remitido al Parlamento un informe sobre la planta de biometanización de Ultzama, situada en la localidad de lraizotz. Se trata de una infraestructura impulsada por el Ayuntamiento del citado valle en 2007, actualmente abandonada, en la que se han gastado más de tres millones de euros de dinero público.

El informe señala que el Ayuntamiento de Ultzama comenzó la promoción de la planta hace diez años para resolver la gestión de los purines de las explotaciones ganaderas. Al año siguiente, consiguió ayudas del Gobierno de Navarra para la inversión industrial y la mejora de las infraestructuras locales ganaderas; por un importe de unos 2,5 millones. La empresa pública Nafinco -Sodena en la actualidad- avaló 900.000 euros.

En octubre de 2008, el Ayuntamiento adjudicó el contrato para la concesión y gestión de la planta a la empresa Levenger, Sl-por un plazo de 30 años. A los dos meses, una sociedad cooperativa ganadera constituyó con la empresa adjudicataria, empresas de la zona, la empresa redactora de los proyectos y varios particulares la mercantil Bioenergía Ultzama SA.

La adjudicataria y esta última pidieron al ayuntamiento que le cediera la concesión a dicha mercantil, contrato firmado en febrero de 2009.

"En abril de 2014 la empresa solicitó la declaración de concurso de acreedores y el ayuntamiento acordó intervenir la planta para asegurarla prestación del servicio. En enero de 2016 cesó la actividad de la planta.

El informe señala que el gasto en la planta suma 4,5 millones, financiados mayoritariamente con dinero público.

La Cámara de Comptos es muy crítica con la actuación del ayuntamiento, qué en. su opinión no ha cumplido el principio de legalidad. En este sentido, el informe señala que las contrataciones del anteproyecto, proyecto y dirección de obra se realizaron después de haberse hecho dichos trabajos. De esa manera se quiso dar cobertura formal a una actuación irregular que no respetó los principios básicos de la contratación pública: publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación.

Tampoco se cumplió la legalidad en la contratación y posterior cesión del contrato, ni en las subcontrataciones realizadas. El informe señala, en este sentido, que dos miembros de la mesa de contratación representaban a la empresa de ingeniería redactora del proyecto, que había introducido en el mismo esquemas de la planta, elaborados por la mercantil que resultó adjudicataria. Además, esa empresa pasó a formar parte de la nueva mercantil a la que se cedió la concesión.

Cámara de Comptos ha detectado pagos duplicados por parte de Bioenergía Ultzama, que abonó cerca de un millón de euros a dos proveedores diferentes por el mismo concepto: los depósitos dedigestato.

El informe apunta la posible sobrefinanciación pública del proyecto ya que una parte de la inversión recibió ayudas tanto del Departamento de Industria como del de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ya que dos empresas distintas facturaron sobre una misma obra.

El informe concluye señalando que tras invertir más de tres millones de dinero público en la planta, la infraestructura funcionó tres años y siete meses de forma autónoma y 14 meses bajo secuestro del ayuntamiento.

Actualmente existe una planta industrial abandonada y una sociedad en concurso de acreedores, cuyos activos no tienen prácticamente valor alguno. El problema no se ha resuelto, puesto que 24 explotaciones ganaderas de la zona, con 3.659 cabezas de ganado, siguen demandando un sistema de gestión de residuos”.