El Gobierno plantea la creación de una oficina técnica permanente para coordinar e impulsar la contratación reservada por motivos sociales
En respuesta a una interpelación del G.P. PPN quien ha agradecido la labor desarrollada por las empresas de inserción y los centros especiales de empleo
La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha anunciado este jueves en el Pleno del Parlamento de Navarra que el Ejecutivo foral está “firmemente comprometido con la mejora de la reserva de contratos con fines sociales”, motivo por el cual ha anunciado la puesta en marcha durante 2025 de “un plan operativo, una hoja de ruta, que busque impulsar, planificar y coordinar la contratación reservada por motivos sociales”.
En respuesta a una interpelación del G.P. PPN en el Pleno de Control, Maeztu ha reconocido que "somos conscientes de que hay que mejorar esos datos, ya que no alcanzamos el 6% de la reserva. Esta cuestión es un debe y las administraciones públicas debemos trabajar más y mejor en esta materia, con un mayor compromiso, para ir acercándonos a esta cifra" ha indicado.
En este sentido, la consejera ha recordado que en 2024 "comenzamos a desplegar una nueva línea de acción que nos permita, sobre todo, mejorar la planificación y mejorar el cumplimiento de la reserva por los distintos departamentos, sociedades públicas de la administración foral y también de la administración local".
“Queremos crear una oficina técnica dentro de la Dirección General de Economía Social que sea un instrumento permanente de apoyo y coordinación en la planificación, al tiempo que vamos a establecer un pilotaje de innovación en buenas prácticas en contratación pública que, entre otras, recoja la posibilidad de explorar acuerdos conjuntos entre algunos departamentos para la contratación de servicios que sean comunes, transversales y planificados mediante un contrato reservado" ha manifestado.
Maribel García Malo (G.P. PPN), ha recordado el informe solicitado a la Cámara de Comptos por su formación para fiscalizar el grado de cumplimiento del artículo 36 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, que exige que el 6% de los contratos sean reservados.
La representante popular ha apuntado que “los centros especiales de empleo y las empresas de inserción son estratégicos para la integración laboral de las personas más vulnerables, pero tienen muy complicado mantener el equilibrio entre la labor social y la viabilidad económica”.
“Esta interpelación es una acción más que impulsamos desde el PPN, pero vamos a seguir haciendo seguimiento de la reserva de contratos, al tiempo que realizaremos otras actuaciones, alguna relacionada con el próximo plan de Inclusión Social en el que hay que adoptar compromisos muy concretos” ha resaltado García Malo.
En opinión de la parlamentaria foral, “es fundamental el compromiso de todos los departamentos del Gobierno de Navarra para que trabajen de manera coordinada, pero también es necesario extender esta responsabilidad a las entidades locales que conforman nuestro territorio”.
En el turno de los grupos, Marta Álvarez (G.P. UPN) ha denunciado que la ley “no se ha cumplido nunca y sigue sin cumplirse, a pesar de que efectivamente, es casi imposible que se reserve un 6%”. "Proponemos que se modifique la normativa o se establezcan directrices para que no se pueda fiscalizar un contrato cuando no se ha alcanzado el porcentaje de reserva", ha comentado.
Ainhoa Unzu (G.P. PSN) ha manifestado que “esto no va solo de si cumple o no el Gobierno de Navarra, sino de que las Administraciones forales en su conjunto deben facilitar la inclusión”. “Suspenden prácticamente todas las Administraciones, esto no va de partidos políticos ni de determinados colores”, ha afirmado.
Por su parte, Javier Arza (G.P. EH Bildu) ha señalado que las empresas de inserción y los centros especiales de empleo son “una idea redonda, dados los beneficios sociales y económicos que estas empresas aportan a nuestra sociedad”. “Los datos sobre el cumplimiento de la reserva de contratos no son buenos y no lo han sido nuca” ha protestado, asimismo.
En opinión de Isabel Aranburu, (G.P. Geroa Bai), “no vale resignarse ni aceptarse sin más el constante incumplimiento de este precepto. Es necesario continuar y potenciar las medidas previstas en el próximo plan de empleo: realizando contratos anuales y evaluando el impacto de las cláusulas sociales y de la reserva de empleo para colectivos vulnerables”.
Miguel Garrido (G.P. Contigo-Zurekin) ha sostenido que “el trabajo no solo es un medio de subsistencia, sino en condiciones de dignidad también es esencial en el desarrollo de vida y el desarrollo de las personas” y en este sentido ha puesto en valor que “los centros especiales de empleo y las empresas de inserción son una herramienta fundamental para lograrlo”.
Por último, Maite Nosti (A.P.F.Vox) ha considerado que “la obligación de reservar contratos no es opcional, es un mandato legal y, sobre todo, una cuestión de justicia social” y ha expresado “todo nuestro apoyo y colaboración a la consejera en esta tarea”.