El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, la enmienda a la totalidad formulada por Navarra Suma al proyecto de modificación de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales, un texto en el que, a decir del grupo discrepante, ha primado la “urgencia y el interés político” por encima del rigor técnico y la motivación jurídica”.

 

El Fondo de Haciendas Locales es el sistema mediante el cual el Gobierno de Navarra financia a los ayuntamientos y concejos sus gastos corrientes (personal, oficinas, suministros…). Las inversiones (implantación, mejora y renovación de infraestructuras y dotaciones), por su parte, son cofinanciadas a través del Plan de Inversiones Locales.

 

El proyecto de Ley tiene por objeto adecuar la redacción del artículo 123 de la Ley Foral 2/1995 a los dictados de la Ley Foral 4/2019 de Reforma de la Administración Local de Navarra, donde se hizo constar la necesidad de implantar un nuevo modelo de financiación local acorde a los principios de “suficiencia financiera, sostenibilidad presupuestaria, solidaridad, autonomía local y equilibrio territorial”.

 

A tal fin, se preceptúan las bases de un nuevo modelo redistributivo estructurado en un Fondo de Transferencias Corrientes y otro Fondo de Transferencias de Capital, cuyas cuantías e incrementos quedarán fijados y garantizados en la norma fundamental reguladora de las Haciendas Locales de Navarra.

 

La enmienda a la totalidad sin texto alternativo planteada por el G.P. Navarra Suma descansa en la convicción de que el proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra “supone un paso atrás tanto en el fondo, pues no se garantiza que ninguna entidad local no reciba menos, como con las formas, pues los contactos con los Ayuntamientos, la FNMC y el grupo mayoritario del Parlamento han sido nulos”.

 

En ese contexto, Navarra Suma muestra su disconformidad con la desaparición de la Carta de Capitalidad de Pamplona (26,1 millones en 2021) y el Fondo de Cohesión Territorial, al que se destinan 16 millones “sin el aval de un informe técnico”, decisiones ambas que atribuye a los “condicionamientos políticos de la negociación”. A ese mismo motivo se imputa la negativa a implementar la Carta de Capitalidad de Tudela, que el Consistorio cifra en 5,6 millones, a tenor de los servicios que presta al resto de riberos.

 

Tampoco se estima “suficiente” el aumento del Fondo de Transferencias Corrientes (257,8 millones, + 7,6%), al considerar que se queda muy lejos del incremento de la recaudación de la Hacienda Foral (+15%) y ni siquiera equivale a la subida de total de los Presupuestos Generales de Navarra para 2022 (8,2%).

 

Del mismo modo, se aduce que no se asegura que los municipios y concejos no perciban menos que con el anterior sistema de financiación, dado que “no se garantiza que partan de la asignación recibida en 2021, incrementada en dos puntos por encima del IPC”.

 

Navarra Suma concluye lamentando que, “no se haya establecido ningún sistema de pago transitorio o a cuenta, pese a saberse que el Gobierno no iba incumplir el primer pago del fondo. Nos parece una falta de rigor que a fecha de hoy las entidades locales no sepan ni cuánto ni cuándo van a percibir sus aportaciones. Todas las modificaciones sustanciales de esta ley adolecen de informes técnicos y jurídicos rigurosos y meditados”.

 

Los grupos que sostienen al Gobierno de Navarra se han remitido a los principios que inspiran el proyecto de Ley para, desde el “compromiso con la justicia y la solidaridad territorial”, defender un modelo que, “en consonancia con la Estrategia Europea, contribuirá a la mejora de los servicios públicos y a la lucha contra la despoblación, al garantizar un acceso equivalente al sistema con independencia del lugar de residencia”.

 

A ese respecto, PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E coinciden en que el nuevo modelo “refuerza la financiación de los municipios pequeños, así como la de aquellos caracterizados por la dispersión”. En concreto y según se precisa, 228 municipios (84%) mejorarán su financiación respecto al ejercicio anterior, 43 se mantendrán igual y sólo uno empeorará, siendo Tudela el que “mayor incremento” registrará (+2,4 millones).

 

Por último, se destaca la estabilidad derivada de la fórmula de actualización anual del Fondo de Transferencias Corrientes (IPC + 2) y de la aportación anual que, en concepto de compensación por la pérdida de capacidad recaudatoria derivada de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), se establece para completar la dotación del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de Navarra. Esa contrapartida ascenderá a 13,9 millones en 2022.

 

La Ley de Haciendas Locales es una de las tres normas que, junto a las que regulan el Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de Navarra (308 millones) y el Plan de Inversiones Locales (8,5 millones, incluidas las obras de reserva del PIL 2017-19), regula la nueva financiación municipal, cifrada en 310 millones para este año, 37 más que en 2021.

 

Según la nueva redacción otorgada al artículo 123 en el proyecto de modificación de la Ley Foral 2/1995, serán las sucesivas Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra las que fijen la cuantía del Fondo de Participación de las entidades locales en los ingresos tributarios de la Hacienda Foral.

 

Dicha participación se hará efectiva a través de un Fondo de Participación compuesto por un fondo de Transferencias Corrientes, dotado con 257.859.026 euros para 2022, y otro de Transferencias de Capital, que será de 30 millones para cada ejercicio presupuestario. Los remanentes posibles de uno y otro fondo podrán ampliar los créditos de los ejercicios siguientes, pero no computarán para el cálculo de los incrementos de las cuantías anuales.

 

La distribución del Importe del Fondo de Transferencias Corrientes se efectuará de conformidad con lo que se estipule en la correspondiente Ley Foral. Y la del Fondo de Transferencias de Capital se determinará en las leyes forales reguladoras de los Planes de Inversiones Locales, cuya finalidad principal será garantizar la cobertura de los servicios municipales obligatorios en todo el ámbito de la Comunidad Foral.

 

Como ya ha quedado reseñado, la dotación del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de Navarra se complementará con una aportación anual (13,9 millones en 2022) en concepto de compensación por la pérdida recaudatoria derivada de la reforma del IAE.

 

Por último, en el plazo de tres años a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de esta ley el Gobierno remitirá al Parlamento de Navarra una propuesta de clarificación de la distribución competencial de las entidades locales que prevea la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las atribuciones que, en su caso, se les asignen. Todo ello para garantizar la cobertura de los servicios municipales obligatorios en todo el ámbito de la Comunidad Foral.

 

El proyecto de Ley se completa con la modificación de la Ley Foral 2/1995, en lo referido a las exenciones del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cuya exención resultará de aplicación a las personas con discapacidad igual o superior al 33% que, “además, presenten una deficiencia en las funciones mentales que suponga un reconocimiento de al menos un 25% de limitaciones de la actividad”.

 

Al no prosperar la devolución, el proyecto de Ley será trasladado a la Comisión de Cohesión Territorial, donde se sustanciarán los trabajos dirigidos a conformar el dictamen que, posteriormente, será elevado a Pleno para su definitivo debate y votación.

 

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación del Proyecto de Ley Foral (BOPN, nº 8, de 26-01-2022)