El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha planteado este jueves la conveniencia de elaborar un Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia en Navarra que incluya una oficina de información y denuncia para víctimas de delitos de odio o discriminación.

Eduardo Santos, que ha respondido una interpelación de Podemos-Ahal Dugu en el Pleno de Control del Parlamento de Navarra, ha señalado que la elaboración de este plan debería correr a cargo de comisiones donde se den cita diferentes departamentos del Gobierno de Navarra.

El consejero ha afirmado que "frente al enfrentamiento y la cultura del odio, el Ejecutivo pretende hablar de acogida, de convivencia y de un modelo de sociedad inclusivo en el cual nos empeñaremos".

Eduardo Santos ha asegurado que su departamento "tiene absolutamente claro que la inmigración es una oportunidad económica y social para Navarra". Según ha precisado, es una oportunidad en lo económico, desde el punto de vista "del crecimiento, el emprendimiento y la sostenibilidad del Estado de Bienestar", y es también "una oportunidad social de mostrar un carácter integrador, solidario y plural, mediante la cooperación y creación de lazos y vínculos con personas que ya están con nosotros".

El consejero ha afirmado que "necesitamos no solo acoger, sino también integrar y fomentar una convivencia que tiene que estar basada en el conocimiento y comprensión mutuas, en la interrelación entre personas diferentes, en la resolución pacífica de conflictos que sin duda existirán, en un sentimiento de identidad compartida y en la superación de problemas comunes".

Entre algunas medidas en las que está trabajando el Gobierno de Navarra, Eduardo Santos ha explicado que se revisará el actual servicio de mediación del Gobierno de Navarra y se pondrá en marcha un programa de acompañamiento de personas que ya hayan tenido el proceso de integración y puedan guiar a otras personas que estén iniciando ese proceso.

Ainhoa Aznárez (Podemos-Ahal Dugu) ha afirmado que "más allá de los números de la inmigración (64.057 personas extranjeras residentes en Navarra, el 9,8% del censo) y la riqueza que ésta supone, no podemos obviar el reto de la acogida, la integración, la inclusión y especialmente la convivencia".

Aznarez ha manifestado que "está en nuestra mano que la inclusión sea real y efectiva, el reto de la inmigración hoy en día, aquí y en cualquier parte del mundo es la integración y la convivencia, y esto, en el caso de la Comunidad Foral, es competencia exclusiva de este Gobierno".

En ese contexto, Ainhoa Aznárez ha pedido "planes de trabajo en la lucha contra los discursos xenófobos y racistas que fomentan el odio y rompen nuestra convivencia. Tenemos que lanzar mensajes positivos, porque Navarra y su inmigración es toda una riqueza", ha corroborado antes de concluir apuntando que esas personas "sólo consumen el 5% de los recursos de salud y el 12,5% de los de servicios sociales".

Jorge Esparza (Navarra Suma), que ha comenzado su intervención defendiendo a los 20 demócratas que componen su grupo, y en especial a Iñaki Iriarte por su "lucha contra el fascismo", ha destacado que de las 563 medidas del acuerdo programático del Gobierno "solo dos están vinculadas directamente a las políticas migratorias".

Y ha compartido que la migración es "un factor positivo", pero "siempre que esté bien gestionado, lo que no se ha hecho". Como ejemplo ha puesto el acogimiento de 250 menores a día de hoy, cuando el propio Gobierno ha cifrado la capacidad en 55, "una negligencia que pone en riesgo el proyecto vital de esos menores".

Nuria Medina (PSN), que se ha felicitado por la exhumación de Franco cuando "algún grupo se pone de perfil", ha sostenido que los menores no acompañados deben ser asumidos bajo el sistema de protección vigente de la Comunidad a la que llegan y este es competencia de Derechos Sociales.

"No hay ni un solo país al margen de los movimientos migratorios, que debemos entender como una oportunidad", y hacerla real exige aplicar "decisiones complejas" basadas en "políticas de integración", ha defendido Medina, que también ha apostado por la igualdad de oportunidades, sobre todo en segundas generaciones.

Isabel Aramburu (Geroa Bai) ha subrayado que la migración es un derecho y, por tanto, deben "compartir" los mismos servicios que las personas autóctonas, sin distinción.

A juicio de Aranburu, los gobiernos deben aplicar el principio de corresponsabilidad entre las personas de mayor vulnerabilidad, plantear protocolos de acogida para refugiados, ofrecer un acompañamiento cuando sea necesario, facilitar espacios de encuentro y mediación, fomentar la convivencia y la pluralidad, también lingüística, y combatir estereotipos.

Patricia Perales (EH Bildu) ha pedido al Ejecutivo "muchas más propuestas concretas", siendo "mucho más ambicioso" en compromisos, actuaciones y calendario, porque lo único que nos ha mostrado ha sido un conjunto de "generalidades".

Perales ha abogado por una comisión transversal que desarrolle un plan a partir de unos objetivos precisos, incluidos los menores no acompañados, porque "para ser una Comunidad de acogida hay que dar muchos pasos y da la sensación de que se está improvisando".

Unas críticas que ha compartido Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra) quien ha alertado de las consecuencias económicas que para Navarra tendría que toda la población inmigrante abandonara la Comunidad y ha asegurado que a estas personas no se les estigmatiza por el país de procedencia o el color de piel, sino por su "condición socioeconómica" ligada al empleo, la vivienda o la escolarización.