El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de UPN, Geroa Bai, EH Bildu y PPN y los votos a favor de Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “promover cuantas medidas se consideren oportunas para lograr la absoluta gratuidad y universalidad de todos los centros privados concertados”

A tal fin, sin menoscabo de otras medidas que pudieran adoptarse de motu propio por el Gobierno, se proponía la “realización de un estudio jurídico sobre la compatibilidad de que los centros privados concertados puedan solicitar de manera masiva o habitual las llamadas aportaciones voluntarias”, por entender que “se están utilizando los datos de dichos alumnos y familias, así como el uso de un servicio público, para solicitar fondos para fundaciones o asociaciones particulares”. El estudio debía tener también en cuenta “lo relativo a la normativa de protección de datos”.

La moción desechada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se exhortaba al Ejecutivo Foral a que, “tanto en el período de admisión de peticiones como en el de matriculación, todos los centros privados concertados proporcionen a las familias de manera prescriptiva, en formato papel, una información elaborada por el Gobierno de Navarra donde se refleje la legislación y normativa vigente referida a la gratuidad de todos los centros públicos y privados concertados”.

Y a que, “como consecuencia de dicha legislación, estos centros en ningún caso podrán reclamar a la familias, ni percibir de las mismas, cantidades económicas por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, ni exigir aportaciones en concepto de matrícula de reserva de plaza”.

“Tampoco podrán imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones. Ni se podrá exigir la adquisición de material escolar para comprar en el propio centro o en determinados establecimientos”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplazaba al Gobierno de Navarra a que toda la información del punto anterior “esté visible en la portada de todas las webs de los colegios privados concertados, así como en la web del Departamento de Educación”.

Asimismo, se solicitaba que “todos los centros privados concertados que tengan previsto solicitar aportaciones voluntarias, lo hagan cada curso escolar mediante una solicitud por escrito donde se especificará que es una aportación totalmente voluntaria y en la que las familias constatarán mediante firma su consentimiento. La solicitud deberá también reflejar que en cualquier momento se puede revocar dicha aportación”.

Además, se conminaba al Ejecutivo Foral a que “en el Plan Anual de Inspección se incorpore como una de las actuaciones prioritarias la supervisión de las aportaciones voluntarias de todos los centros educativos que soliciten este tipo de pagos”.

En ese sentido, se pedía que “en todos los centros privados concertados con fondos públicos se instale un cartel, con unas dimensiones y en un lugar de la fachada que permita una fácil visibilidad, en el que se refleje de forma explícita que es un centro gratuito y sufragado con fondos públicos”. Este epígrafe y el siguiente solo ha contado con el respaldo de Podemos e I-E, el resto se ha opuesto.

Por otra parte, se instaba al Departamento de Educación a “poner en marcha una oficina de reclamaciones para atender a las familias de los alumnos que consideren que están siendo obligadas a pagar estas aportaciones, publicitando la existencia de dicha oficina y el contacto de la misma en todos los centros sostenidos con fondos públicos”.

Por último, se llamaba al Gobierno de Navarra a “realizar una campaña de publicidad institucional en la que se informe de la gratuidad de las enseñanzas de todos los colegios públicos y privados concertados, haciendo hincapié en que no es necesario realizar ningún tipo de aportaciones".

En la exposición de motivos, la iniciativa impulsada por el G.P. Podemos-Ahal Dugu, y enmendada por PSN e I-E, abogaba por “promover la·gratuidad de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos, como como principio garante de la igualdad real y efectiva de toda la ciudadanía”.

Según precisaba la proponente, la gratuidad de la enseñanza en centros concertados se soslaya en numerosas ocasiones mediante determinadas aportaciones voluntarias, habitualmente camufladas en forma de pagos para actividades extraescolares, compras obligadas de material escolar en determinados establecimientos o aportaciones extraordinarias intermitentes”.

Así, se calificaba de “loable, pero irregular, el interés por mejorar las infraestructuras de los centros concertados, pues esa pretensión no puede quedar por encima del principio de gratuidad de la educación en centros privados concertados”.

A ese respecto, se apunta que “no son pocas las ocasiones en que denuncias anónimas de padres y madres de estos centros han terminado en sanciones”.

• www.parlamento-navarra.es/castellano/boletines.asp
• Publicación de la moción (BOPN, n.º 120, de 11-12-2009)