La Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional por la que el Parlamento manifiesta su disconformidad con los recursos de la Abogacía del Estado contra la aprobación de la OPE y de la plantilla orgánica, presentada por los G.P Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos-Ahal Dugu y A.P.F. Izquierda-Ezkerra.

La declaración ha contado con el voto a favor de UPN, Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos-Ahal Dugu, PSN e Izquierda-Ezkerra. El PP ha votado en contra del punto primero y se ha abstenido en los puntos 2 y 3 de la declaración.

La declaración dice lo siguiente:

“Primero.-EI Parlamento de Navarra manifiesta su disconformidad con la interposición por la Abogacía del Estado de los recursos contencioso-administrativos contra el Decreto Foral 20/2015,. de 25 de marzo, por el que se aprobaba la Oferta Pública de Empleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos para los años 2013,2014 y 2015 (publicado en el BON de 17 de abril de 2015) y contra el Decreto Foral nº 233/2015, de 9 de septiembre por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos aprobada por Decreto Foral 20/12015 y se incrementan las plazas de la citada Oferta de Empleo para los mencionados años, ya que considera que suponen un menoscabo de las competencias que Navarra tiene en materia de función pública

Segundo.- El Parlamento de Navarra, teniendo en cuenta la situación en que se encuentra el Servicio de Bomberos, considera inadecuada la suspensión parcial de la Oferta Pública de Empleo regulada por el Decreto Foral 233/2015, en relación a las 13 plazas de bomberos, y apoya al Gobierno de Navarra en su intención de conseguir el acuerdo preciso para que, finalmente, sean 30 las plazas a ofertar.

Tercero.- El Parlamento de Navarra considera que ante las posibles discrepancias que hubiera sobre el contenido de dichos Decretos Forales, la vía más adecuada es la de la negociación y el acuerdo entre ambas administraciones, por lo que insta a la Administración del Estado a que curse las instrucciones precisas para que por la Abogacía del Estado se retiren ambos recursos”.