El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha presentado hoy ante el Pleno el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2013, que contempla 2.446 actuaciones, 576 menos que en 2012, lo que supone un descenso superior al 25%.

La importante labor desplegada en 2013, “tercer año de mayor actividad tras 2010 y 2012”, ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 176 sugerencias, 325 recomendaciones y 192 recordatorios de deberes legales (161 decisiones más que en 2012). Todo ello fruto de los 4.114 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.217 consultas (211 menos que en 2012) y presentar 954 quejas (han gestionado 1.168, 342 menos que en 2012), el 79,5% fundadas. De todo ello se ha derivado la práctica de 736 investigaciones (698 en 2012).

Las diez materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, bienestar social, educación, acceso al empleo público, función pública, garantías de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones públicas, sanidad, hacienda, interior, vivienda y medio ambiente.

El mayor número de quejas (56%) se han formulado contra la Administración de la Comunidad Foral, siendo los departamentos de Educación y Políticas Sociales los destinatarios principales, seguidos de Presidencia, Justicia e Interior, Salud y Fomento. Las entidades locales acaparan el 21,5% de las quejas, concentradas sobre todo en los ayuntamientos de Pamplona, Tudela, Egüés y Cintruénigo.

Por lo que se refiere a la primera de las materias, Bienestar Social, Asuntos Sociales o Políticas Sociales, las quejas de los ciudadanos están directamente relacionadas con la crisis económica, igual que en los dos años anteriores.

La mayor parte de las quejas tiene que ver con la Protección de la Familia, fundamentalmente con la denegación del pago de ayudas por excedencia laboral para el cuidado de sus hijos. Además, se han incrementado las relacionadas con la protección y la atención a los menores de edad, y se han reducido las referentes a la renta de inclusión social, si bien persisten algunas sobre la demora en su concesión, y sobre el excesivo rigor en la interpretación de los requisitos para su reconocimiento. A continuación, están las quejas alusivas a la protección e integración de personas con discapacidad, habiéndose apreciado un incremento de las relativas a las condiciones de estancia de las personas mayores en centros residenciales.

En segundo lugar, se sitúan las quejas de Educación. Destacan las relativas a la implantación de la jornada escolar continúa en centros educativos públicos. Asimismo, se han presentado quejas relacionadas con las tarifas de las escuelas infantiles y las ayudas y becas al estudio. Continúan siendo abundantes las que tienen que ver con la inadmisión en el centro elegido por los padres como primera opción. También se han presentado otras relacionadas con las escuelas oficiales de idiomas o con la supresión de algún servicio prestado por el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) a niños afectados por discapacidad.

La tercera materia es el acceso a un Empleo Público, capitulo en el que este año, debido a la reducción de la oferta pública, la mayoría de las quejas se refieren a la gestión de listas temporales de contratación. En algunos casos se denuncia “falta de transparencia” y en otros “inobservancia del orden de preferencia”. También se han registrado quejas relacionadas con la baremación de méritos de un concurso-oposición de enfermero/a.

La cuarta posición la ocupan las quejas sobre Función Pública, básicamente sobre el desacuerdo con determinadas condiciones de las licencias retribuidas o permisos, así como con la falta de reconocimiento y retribución de determinados complementos o ayudas. Gran parte corresponden a funcionarios docentes, empleados del SNS-Osasunbidea y a personal de la UPNA.

La quinta materia es Seguridad Ciudadana, donde se han presentado varias quejas relacionadas con concretas actuaciones policiales, con dos problemas de orden público (uso de pelotas de goma y acoso a las mujeres que acuden a una clínica de interrupción del embarazo), con problemas de la Administración penitenciaria (se aprecia la puesta en marcha del nuevo centro penitenciario de Pamplona), con juegos y con espectáculos públicos. Destacan las recibidas para poner de manifiesto el maltrato animal que conllevan los espectáculos taurinos. Es "importante subrayar" que en seguridad ciudadana las quejas se han triplicado.

La sexta materia está formada por las quejas relacionadas con las “garantías de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas”. Se mantiene una persistente conducta de algunas Administraciones de no contestar los escritos que les dirigen los ciudadanos, “ignorando que es un deber inexcusable”. También se aprecia la actitud de algunas Administraciones de “restringir sin causa justificada el derecho de acceso a la información pública, a pesar de las continuas llamadas de los poderes públicos a la transparencia”.

En séptimo lugar están las quejas relacionadas con Sanidad, donde las listas de espera, igual que en 2012, siguen siendo el primer problema colectivo, sobre todo en traumatología. A su vez, se pone de manifiesto el desacuerdo de pacientes con la atención clínica recibida y con la falta de asistencia sanitaria inmediata (servicios de urgencias, en particular algunos servicios rurales). Otro punto objeto de numerosas quejas es el concerniente al copago de prestaciones farmacéuticas. Asimismo, se han detectado quejas relacionadas con el insuficiente funcionamiento de la historia clínica informatizada y de la receta clínica, y también con la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal, por algunos accesos no autorizados a datos personales médicos.

Otro punto que “precisa de una mejora” es la determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, que se suele remitir a la vía judicial, con lo que supone de demora para el ciudadano y de gasto para su patrimonio. “Se han observado varios supuestos de condena a la Administración que se hubieran podido haber evitado”.

En octavo lugar figura Hacienda, con predominio de las quejas referentes a los tributos de las haciendas locales y algunas otras sobre la imposibilidad de pagar deudas tributarias debido a las dificultades económicas.

En Vivienda las quejas han pasado de tener que ver con la baremación para la adquisición de una VPO, a estar relacionadas con el alquiler de viviendas protegidas, bien por tratarse de rentas elevadas, subvenciones insuficientes, impagos por situaciones socioeconómicas sobrevenidas, etcétera. Igualmente, se han recibido quejas relacionadas con los desahucios, tanto por ejecución hipotecaria, como por impago del alquiler, problema este que se ha acrecentado.

En Medio Ambiente, persisten las denuncias y quejas de los vecinos por ruidos provenientes de bajeras de jóvenes destinadas al ocio, fábricas, bares u otras actividades. Asimismo, continúan presentándose quejas relacionadas con el derecho de acceso a la información medioambiental, “un derecho al que tiene derecho todo ciudadano sin necesidad de acreditar un interés determinado”.

Tras el estudio de las quejas, se han dictado 404 resoluciones, lo cual supone un descenso de 128 respecto a 2012. El grado de aceptación de las decisiones del Defensor alcanza el 68,10% (casi nueve puntos menos que el año anterior), algo que se achaca “en parte a la reducción de recursos públicos”, pero que también es “reflejo de una mayor dureza en determinadas actitudes hacia los derechos de los ciudadanos”.

En cuanto a las consultas, han predominado también las vinculadas con asuntos sociales y, en particular, con la prestación de ayudas a personas sin recursos, principalmente la denegación, el retraso o la renovación de la renta de inclusión social, así como el rechazo de las ayudas a la excedencia por segundo y tercer hijo. También se han registrado otras sobre dependencia, accesibilidad de personas con discapacidad y condiciones de estancia en centros residenciales.

Por otra parte, se han recibido 19 propuestas ciudadanas de mejora, la mayoría referidas a hacienda, empleo público y educación, estas últimas solicitando que se amplíe la oferta de cursos de FP a distancia o semipresencial y una disminución de las tasas a personas afectadas por discapacidad.

Finalmente, del conjunto de la actividad desarrollada el año pasado a partir de quejas, consultas, actuaciones de oficio, propuestas de mejora e informes especiales se puede concluir que los ciudadanos solicitan cada vez más atención, información y protección de sus derechos, sobre todo los económico-sociales.

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es la Institución que, por mandato del Parlamento, vela por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicos de los ciudadanos, y con esta finalidad supervisa la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra.