El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que muestra su “desprecio y condena hacia todas aquellas personas, entidades, partidos o empresas públicas o privadas que, aprovechándose de sus cargos públicos, poder político o económico, cercanía a quienes lo ostentan, información privilegiada o cualquier otra razón, han llevado, o lo están haciendo, prácticas corruptas de aprovechamiento de su situación para lucrarse con el dinero público o privado de los ciudadanos que se encuentran desprotegidos ante ellos”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, la Cámara considera que “los delitos de toda corrupción deben de ser castigados con mucha más dureza y tener un tratamiento más contundente en el Código Penal”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se estima conveniente “extender el tipo de los delitos de corrupción y de cohecho a todas las personas lucradas con los hechos tipificados, es decir, corruptos y corruptores que se han beneficiado del mismo, incluidas las responsabilidades económicas directas o subsidiarias”.

Además, el Legislativo Foral “demanda, por necesaria, la máxima transparencia en todas las instituciones públicas y privadas que mantengan relaciones con la Administración, tanto para evitar situaciones o espacios donde la corrupción pueda desarrollarse, como para aclarar y dirimir aquellas situaciones donde pudiesen darse indicios de haberse desarrollado”.

Por último, se insta al Gobierno de Navarra a que, “en el plazo de dos meses, presente un proyecto de ley que recoja todas aquellas modificaciones necesarias dentro de la legislación vigente en nuestra Comunidad, para que aquellas personas, partidos, sindicatos, entidades o empresas que hayan sido condenadas por estas prácticas no puedan recibir ayudas públicas y realizar contratos, convenios o cualquier otra relación con las administraciones públicas navarras”.

A instancias de UPN y con el aquiescencia de Aralar-Nabai, titular de la iniciativa, se ha dado cabida a un último punto exhortando al Gobierno de España a “realizar las modificaciones legislativas correspondientes, con el fin de prohibir las donaciones a los partidos políticos”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Aralar-Nabai remarca que ante la corrupción es necesario “garantizar y reforzar el control público” para, “situando la transparencia en primera línea de la agenda política, “sacar automáticamente fuera” de esta esfera a “todas las personas que han realizado actividades irregulares o de corrupción, también en empresas, sociedades y cajas de participación pública”.

El grupo proponente asegura que, dado que “no se trata de un fenómeno aislado”, sino más bien de una lacra “instalada en el sistema económico y político del Estado y de nuestra Comunidad”, urge el “restablecimiento de las funciones y el ser mismo de la política”, porque está en juego la “esencia del sistema democrático”.

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· Publicación de la moción (BOPN, n.º 16, de 11-02-2013)