Aprobada la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 22.8 y 22.9, las disposiciones transitorias décima y duodécima -apartado primero- y apartado tercero de la disposición final cuarta del RD-L 20/2012, de 13 de julio, de m
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, SN, Nabai, Bildu e I-E, y el voto en contra de PPN, la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 22.8 y 22.9, las disposiciones transitorias décima y duodécima -apartado primero- y apartado tercero de la disposición final cuarta del RD-L 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en cuanto afectan a la competencia de la Comunidad Foral de Navarra en materia de asistencia social.
La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el pasado día 1 de octubre, acordó proponer al Pleno de la Cámara la interposición ante el Tribunal Constitucional de recurso de inconstitucionalidad, a propuesta del G.P. Izquierda-Ezkerra y del G.P. Socialistas de Navarra.
La interposición del recurso de inconstitucionalidad hoy aprobada por el Pleno fue propuesta a la vista de un informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara que conocieron la Mesa y la Junta de Portavoces en la sesión del día 24 de septiembre de 2012, un Informe emitido a petición de la Junta de Portavoces en relación con el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y sobre si las reformas en materia de dependencia respetan las competencias de la Comunidad Foral de Navarra.
El mencionado Informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento afirma en sus conclusiones que “los artículos 22. 8 y 22. 9, las disposiciones transitoria décima y duodécima -apartado primero- y el apartado tercero de la disposición final cuarta del Real Decreto-Ley 20/2012, son inconstitucionales por extralimitarse del título competencial ex. art.149.1.1ª CE y vulnerar las competencias de Navarra en materia de asistencia social”.
Asimismo, concluye el Informe que “los restantes preceptos del citado Real Decreto-Ley 20/2012 relativos a la dependencia no menoscaban las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, por lo que entendemos que son constitucionales”.