Se insta al Gobierno de España a cerrar los centros de internamiento de extranjeros y reformar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Promoviendo, a su vez, una política de migración realmente basada en la integración, no en la utilización de la población migrante, y capaz de garantizar los derechos fundamentales para todas las personas, independientemente de su origen.

Se insta al Gobierno de España a garantizar que se respeten los derechos humanos y se dispense un trato correcto a las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Se insta al Ejecutivo central a garantizar que los centros de internamiento de Extranjeros existentes en la actualidad reúnan unas condiciones óptimas de habitabilidad, que permitan una estancia digna a las personas allí recluidas.

Se solicita al Gobierno de España que proceda a elaborar, a la mayor brevedad, un Reglamento sobre el funcionamiento y condiciones de internamiento en el que se produzca la participación real y no solo formal de las organizaciones que trabajan en este tema (texto ya aprobado en este Parlamento el pasado 1 de marzo, en una Declaración Institucional, en el seno de la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional).