El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, Francisco Javier Enériz, ha presentado hoy ante el Pleno el Informe Anual correspondiente a 2011, ejercicio éste en el que la institución ha llevado a cabo 2317 actuaciones, 34 menos que en 2010.

En su exposición, el Defensor del Pueblo ha destacado que la “importante actividad” desplegada en 2011 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 691 sugerencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales. Todo ello fruto de los más de 11.000 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.209 consultas y presentar 850 quejas (han gestionado 1.042), el 57% de ellas fundadas.

El contenido de las quejas pone de manifiesto un aumento de las preocupaciones o insatisfacciones en materias de “bienestar social, transparencia y garantía de los derechos” de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. Así, el mayor número de quejas tiene que ver con asuntos relacionados con la función pública, bien con los procedimientos de ingreso o provisión de puestos, bien con la gestión del personal funcionario.

El segundo lugar lo ocupan las quejas sobre política social, que al igual que en 2010 están directamente relacionadas con la crisis económica. El 35% tienen que ver con la denegación o la demora en la concesión de la renta básica, ahora renta de inclusión social; el 17% con la gestión y el pago de ayudas a la dependencia; un 12% con la atención a la discapacidad; otro 12% con la protección al menor; y un 9% con prestaciones de asistencia social.

A continuación y tras las quejas por déficit de transparencia en las Administraciones Públicas, están las tocantes con educación, donde destacan las que giran en torno a la admisión o no admisión de alumnos en el centro de su elección. En quinto lugar aparecen las conectadas con el ejercicio de los derechos lingüísticos y, en concreto, con el uso del euskera en las Administraciones y con el derecho de los ciudadanos a ser tratados en esa lengua.

Tras el estudio de las quejas, se han dictado 559 resoluciones, lo cual supone un incremento del 56,1% respecto a 2010. El grado de aceptación de las decisiones del Defensor se sitúa próximo al 80%, lo cual significa que las Administraciones han aceptado las recomendaciones en 8 de cada 10 casos.

En cuanto a las consultas, han predominado también las vinculadas con asuntos sociales y, en particular, con la prestación de ayudas a personas sin recursos, principalmente sobre los requisitos para acceder a ayudas sociales y los plazos de concesión de la renta básica, “ante la demora en su reconocimiento o pago”.

Finalmente, del conjunto de la actividad desarrollada el año pasado a partir de quejas, consultas, actuaciones de oficio, propuestas de mejora e informes especiales se puede concluir que los ciudadanos solicitan cada vez más atención y protección de sus derechos, sobre todo los sociales.

“La gente quiere una solución efectiva a sus problemas, pero también que se les permita participar en la mejora de los servicios que prestan las Administraciones Públicas”, ha corroborado Javier Enériz.

En su turno de intervención, todos los grupos han valorado positivamente la labor del Defensor del Pueblo, excepto el G.P. PPN, que sin cuestionar su “rigor y profesionalidad”, ha reiterado sus dudas sobre la necesidad de existencia de la institución en Navarra.

La tramitación del Informe anual del Defensor del Pueblo de Navarra comenzó el pasado 25 de abril con su entrega a Alberto Catalán, Presidente del Parlamento, y ha culminado hoy, tras su presentación en el seno de la Comisión de Régimen Foral (18-5-12), con la exposición en Pleno.

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es la Institución que, por mandato del Parlamento, vela por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicos de los ciudadanos, y con esta finalidad supervisa la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra.