Estaba dirigida, entre otros, a propiciar el "respeto de los derechos lingüísticos generales referidos al uso del euskara en las Administraciones Públicas"
Pretendía ampliar la pluralidad dando entrada a un representante de cada grupo parlamenario, a los cuatro sindicatos mayoritarios, a Kontseilua, a la UNED y al CJN
