El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de UPN, PPN y Vox, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “revisar -y a actualizar si así se considerase- la Ley Foral 18/2020, de 16 de diciembre, sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización empresarial”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo Foral a “trasladar nuevamente a la Comisión Europea la necesidad de introducir mecanismos de garantía recíproca y lucha contra la competencia desleal en el ordenamiento jurídico comunitario y en su política comercial”.

El texto definitivo es producto de una enmienda de sustitución planteada por Geroa Bai y aceptada por Contigo-Zurekin, titular de la iniciativa.

Esa enmienda de sustitución incluía un tercer apartado, rechazado con los votos en contra de UPN, PSN, PPN y Vox, en el que se exhortaba al Gobierno de Navarra a “realizar un estudio acerca del posible condicionamiento de las deducciones fiscales del Impuesto de Sociedades al arraigo territorial y al sostenimiento del empleo”.

Como en el supuesto anterior, el respaldo de Geroa Bai, Contigo Zurekin y EH Bildu ha resultado insuficiente para sacar adelante una enmienda de este último grupo, exhortando al Ejecutivo Foral a “condicionar las deducciones fiscales del Impuesto de Sociedades, así como todas las subvenciones y ayudas públicas dirigidas a las empresas, al arraigo territorial y el sostenimiento del empleo de calidad”. UPN, PSN, PPN y Vox han vuelto a votar en contra.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Contigo-Zurekin pone en cuestión el dogmatismo liberal y la aplicación extrema del principio de libre competencia (quiebra de garantías laborales, medioambientales y fiscales) para, frente a quienes defienden una regulación basada en la “no reciprocidad” y la falta de respeto a las reglas de un mercado organizado, demandar la puesta en marcha de una “política industrial vinculada al liderazgo público, la creación de un ecosistema de alta productividad y la lucha contra la competencia desleal y la deslocalización”.

Así, para generar un “tejido de alto valor añadido y con arraigo real en el territorio”, que dote a las Administraciones Públicas de “herramientas eficaces para, al menos, intervenir en defensa de los intereses de la ciudadanía”, se aboga por una política industrial apoyada en el “impulso del conocimiento, la energía verde y barata, la innovación, la digitalización y el capital humano”, factores todos de productividad acordes al entorno del siglo XXI.

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• Publicación de la moción (BOPN, nº 20, de 21-02-2025)