La Presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, ha recibido hoy en su despacho oficial a Francisco Javier Enériz, Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, quien le ha hecho entrega formal del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2016, que contempla 1.965 actuaciones, 826 menos que en 2015, lo que supone un descenso del 29,6%.

 

La labor desplegada en 2016 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 84 sugerencias, 235 recomendaciones y 121 recordatorios de deberes legales (en total 487 decisiones). Todo ello fruto de los 11.617 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 910 consultas y presentar 830 quejas (han gestionado 989 expedientes), el 82,2% admitidas a trámite y el 81,6% fundadas. Se han practicado 677 investigaciones, 615 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 47 de oficio, 13 a propuestas ciudadanas y 2 en razón de los informes elaborados.

 

Las doce materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, función pública, bienestar social, educación, acceso a un empleo público, sanidad, medio ambiente, hacienda, urbanismo, tráfico, seguridad ciudadana, vivienda y justicia.

 

Por lo que se refiere a la primera de las materias, función pública, se presentaron 108 quejas, entre las que destacan las 29 que requerían al Departamento de Educación el pago de los meses de julio y agosto al personal docente contratado; las ligadas a las dificultades del personal sanitario para conciliar su vida familiar y laboral; y las de disconformidad por la falta de reconocimiento de determinados complementos a algunos funcionarios.

 

En segundo lugar, se sitúan las quejas (75) referentes a bienestar social. De ellas, 20 aluden a cuestiones relacionadas con la protección a la infancia y la adolescencia, entre las que destacan las relativas al desamparo de menores, la custodia entre progenitores separados y el régimen de funcionamiento en los centros de observación y acogida (COA).

 

Asimismo, constan otras 19 quejas relacionadas con la inclusión social, entre las que sobresalen las centradas en la renta de inclusión social (RIS), tanto en lo que atañe a su denegación, como en lo tocante a la demora en la concesión o renovación. A pesar del carácter inembargable de esta prestación pública, se siguen recibiendo quejas de ciudadanos a los que alguna Administración pública les embarga su importe.

 

La tercera posición la ocupan las quejas relativas a educación, entre las que destacan las vinculadas con Formación Profesional (por inadmisión en las modalidades solicitadas) y con el Bachiller (entre ellas, las referidas a las enseñanzas artísticas y al hecho de que esta solo se imparta en un centro en Pamplona), las relativas a la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, y, al igual que en años anteriores, las alusivas al proceso de admisión en centros escolares, tanto en Primaria, como en Secundaria.

 

En cuarto término, se sitúan las quejas referentes al acceso a un empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Se cuestiona la gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal y se expresa el desacuerdo con la modificación de la prioridad de las personas con discapacidad en los listados de contratación.

 

En un quinto lugar, se ubican las quejas de sanidad, entre ellas las que muestran su disenso con la atención clínica recibida, así como con las listas de espera (sobre todo, en el área de rehabilitación) y la denegación de prestaciones sanitarias y el reintegro de gastos.

 

La sexta materia es medio ambiente, donde, al igual que en ejercicios precedentes, dominan las quejas alusivas a los ruidos por actividades de diversa índole y, en especial, las derivadas de la contaminación acústica procedente de bajeras de jóvenes y negocios de hostelería. Asimismo, se han presentado quejas relativas a la denegación de información ambiental, limitación de la participación ciudadana y discrepancias con la instalación de velatorios en los bajos de edificios residenciales de varias localidades.

 

En hacienda han predominado las quejas inherentes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). También constan otras sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (algunas plantean el porqué del impuesto, cuando lo que ha habido no han sido incrementos del valor del terreno, sino decrementos por razón de la crisis, planteamiento luego ratificado por el Tribunal Constitucional en 2017) y sobre la Contribución Urbana.

 

En octavo lugar, figura urbanismo, donde, como es habitual, se acumulan quejas referentes a la denegación o pasividad en la tramitación de modificaciones de planeamiento de iniciativa particular, así como a la inactividad de algunos municipios en la adopción de medidas de protección de la legalidad ante los posibles incumplimientos de la normativa urbanística. A su vez, han llegado algunas reclamaciones relacionadas con la ejecución urbanística.

 

En noveno lugar, se sitúa tráfico, materia en la que destacan las quejas presentadas por ciudadanos disconformes con multas, con la retirada de su vehículo por el servicio de grúa municipal de la zona de estacionamiento restringido o limitado de Pamplona-Iruña, y con las excesivas tasas que deben satisfacer para poder recuperar su vehículo.

 

En décimo lugar, se sitúa la materia de seguridad ciudadana, donde sobresalen las quejas presentadas por el trato inadecuado dispensado a los ciudadanos por agentes de diferentes cuerpos policiales. Asimismo, se han presentado quejas de internos del centro penitenciario de Pamplona, que discrepan del trato que dispensan determinados funcionarios.

 

En undécimo lugar, se encuentra vivienda, cuyas quejas se refieren principalmente a la denegación de las ayudas públicas al arrendamiento, a los desperfectos en viviendas protegidas y a las dificultades para acceder a otras VPO que se adecúen mejor a las necesidades familiares.

 

La duodécima posición la ocupa la materia de justicia, donde destacan las quejas alusivas a dilaciones en procesos judiciales, a la denegación de asistencia jurídica gratuita y a discrepancias con las resoluciones judiciales.

 

El mayor número de las quejas presentadas en 2016 se formuló en relación con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo sus organismos públicos y sus sociedades públicas. Se presentaron 437 quejas, que representan el 52,7% del total.

 

Dirigidas a las distintas entidades locales y sus entes dependientes, se presentaron 214 quejas, que representan el 25,8% del total.

 

Le siguen las quejas dirigidas a la Administración del Estado, que se elevan a 110, lo que representa un 13,3 %.

 

En cuanto al medio utilizado para presentar las quejas, a diferencia de años anteriores, la principal vía ha sido a través de internet (50,5%). En segundo lugar, están las quejas presenciales (38,4%). Le sigue la remisión por correo ordinario (10,7%); y en último lugar, están las presentadas a través de fax (0,4%).

 

Tras el estudio de las quejas se han dictado 320 resoluciones, lo cual supone un descenso de 6 respecto a 2014. El grado de aceptación de las decisiones del Defensor alcanza el 62,3% (casi 8 puntos menos que en 2013), en la línea del ejercicio anterior, que fue el que mayor rechazos registró.

 

En cuanto a las consultas, han predominado las de bienestar social, en concreto sobre la protección de menores, la renta de inclusión social (RIS), y la discapacidad. En educación, se ha inquirido principalmente sobre los criterios de acceso a escuelas infantiles y centros escolares, sobre la denegación o concesión de becas y sobre la atención a alumnos con necesidades educativas especiales.

 

En salud, han versado sobre las listas de espera y el desacuerdo con la asistencia sanitaria dispensada. También, por este orden, se han registrado consultas en urbanismo, hacienda, seguridad social, medio ambiente, vivienda, consumo y justicia.

 

Por otra parte, se han recibido 13 propuestas ciudadanas de mejora (son ya 300 desde que se puso en marcha esta iniciativa hace siete años), la mayoría referidas a actuaciones protegibles en materia de urbanismo, ayudas a familias monoparentales, sanidad y discapacidad.

 

Finalmente, del conjunto de la actividad desarrollada el año pasado a partir de quejas, consultas, actuaciones de oficio, propuestas de mejora e informes especiales se puede concluir, según precisa Javier Enériz, Defensor del Pueblo, que los campos que requieren mayor atención son “función pública, bienestar social y educación. Además, aumenta la situación de menores en guarda, esto es, en situación de desamparo, de ahí la creciente intervención de la Administración para neutralizar la deficiente atención de los progenitores”.

 

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es la Institución que, por mandato del Parlamento, vela por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicos de los ciudadanos, y con esta finalidad supervisa la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra.