Publicada el Jeudi, 23 de juin de 2022

Aprobada la modificación del Convenio Económico entre el Estado y Navarra

Se incorpora a la modificación aprobada por la Cámara el 31 de marzo, pendiente de pasar por las Cortes, la armonización del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, un pronunciamiento que viene a rubricar el acuerdo suscrito el 10 de junio en el seno de la Comisión Negociadora y que queda ahora pendiente de su ratificación por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.

 

El respaldo de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E ha dotado de la mayoría absoluta que, de conformidad con el título IX del Reglamento, requería la decisión de la Cámara. Navarra Suma ha votado en contra.

 

Se trata de la séptima modificación del Convenio Económico de 1990, tras las actualizaciones de los años 1993, 1998, 2003, 2007, 2015 y marzo de 2022.

 

La modificación acordada consiste en la adición del artículo cuarenta quater. Exacción del Impuesto y normativa aplicable. Dice lo siguiente:

 

“1. La exacción del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra cuando se ubique en su territorio el vertedero o la instalación de incineración o coincineración en la que se entreguen los residuos objeto del impuesto.

 

2. En la exacción del Impuesto la Comunidad Foral de Navarra aplicará las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado.

 

No obstante lo anterior, la Comunidad Foral podrá incrementar los tipos de gravamen de este impuesto dentro de los límites y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común.

 

Asimismo, la Comunidad Foral podrá aprobar los modelos de autoliquidación e ingreso que contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado”.

 

En el transcurso del debate efectuado en Pleno PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E han negado, con matices, que la inclusión de esa figura impositiva suponga una interpretación restrictiva de la potestad navarra en materia tributaria, a decir de algunos porque, simplemente, no hay otra opción.

 

Navarra Suma, por el contrario, advierte que estamos ante un sometimiento explícito del régimen fiscal navarro a la actividad tributaria del Estado, ya que la modificación del Convenio llevará asociada la reforma de la Ley Foral 14/2018 de Residuos y su fiscalidad, en lo que entienden es una renuncia expresa a la autonomía financiera de la Comunidad Foral.

 

Como se recordará, con fecha 20 de diciembre de 2021, la Comisión Negociadora entre el Estado y Navarra acordó la modificación del Convenio Económico, reforma que fue aprobada por el Parlamento de Navarra el día 31 de marzo de 2022.

 

Estando esa actualización del Convenio pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros y tramitación en Cortes Generales, se ha considerado conveniente incluir en dicha modificación la armonización del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos (aprobado mediante Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular -arts. 84 y ss-), incorporando este nuevo tributo en el Convenio Económico, con el fin de que esté en vigor el 1 de enero de 2023.

 

La representación de Navarra en el seno de la Comisión Negociadora del Convenio Económico ha estado integrada por Elma Saiz, Consejera de Economía y Hacienda, Óscar Martínez, director gerente de la Hacienda Foral, Javier Esparza (Navarra Suma), Ramón Alzórriz (PSN), Uxue Barkos (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu), Mikel Buil (Podemos-Ahal Dugu) y José Miguel Nuin (I-E).

 

En representación de la Administración del Estado han intervenido Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, Soledad Fernández, directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Inés Olóndriz, secretaria general de Financiación Autonómica y Local, María José Garde, directora general de Tributos, y Javier Sánchez, director general de Presupuestos y Gestión Financiera Territorial.