La Comisión Especial para la elaboración de una nueva Ley Foral del Euskera ha aprobado hoy, con los votos en contra de UPN y PSN, el informe de conclusiones suscrito por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e I-E. Dicho texto, que emplaza a “revisar el estatus legal del euskera”, incluye un voto particular firmado por el G.P. PSN en el que, con el respaldo de UPN, se defiende la “vigencia” de los principios inspiradores de la normativa original, que data de 1986.

Constituida el 9 de marzo de 2018 a iniciativa de EH Bildu, la Ponencia se ha centrado en la observación de una nueva regulación normativa que “responda a los derechos de toda la ciudadanía, partiendo de las diferentes realidades sociolingüísticas del territorio y adecuándose a ellas”.

Las deliberaciones han girado en torno a posibles actuaciones tendentes a “revisar y renovar” el estatus legal del euskera que, determinado fundamentalmente por la Constitución de 1978, la Lorafna de 1982 y la Ley del Vascuence de 1986 (Ley del Euskera desde 2017), hay quienes entienden superado al amparo de una “demanda social y política” que cuestiona la “zonificación, el uso del euskera en la Administración y el lugar del euskera en la enseñanza”.

El informe concluye que, transcurridos más de 30 años desde la promulgación de la Ley del Vascuence, “el estatus del euskera debe ser revisado, responsabilidad” que la Comisión Especial deja “en manos de los grupos parlamentarios”, a los que solicita un esfuerzo de “adecuación” que de cumplida respuesta a la encomienda que el Parlamento de Navarra aprobó en el último Debate del Estado de la Comunidad de la IX Legislatura, celebrado el pasado 27 de octubre.

Todo ese proceso de “diálogo y acuerdo político” deberá llevarse a efecto, según se precisa, “en la forma y el ritmo que estimen oportuno en este momento de la legislatura”.

Por partes, la Comisión Especial apela a las nuevas herramientas que, para el fomento de las lenguas minorizadas y la protección de los derechos lingüísticos, sea ofrecen en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1996 y el Protocolo de Derechos Lingüísticos de 2017, y llama a adecuar las relaciones sociales, institucionales y ciudadanas a los nuevos parámetros derivados de la evolución cultural y del impacto de las TIC.

En lo relativo a la zonificación lingüística establecida a partir de la Ley del Vascuence de 1986, se cuestionan los criterios que la alentaron, “nunca explicados, recogidos y argumentados”, y se subraya que “ni siquiera quienes ejercieron responsabilidades de gobierno en aquella época han sido capaces de aclarar el fundamento científico y técnico” de aquella decisión.

Por eso, en lo tocante a la extensión o no de la oficialidad del euskera al conjunto del territorio, “cuestión nuclear” de todo este debate, se apunta que, si bien el Parlamento de Navarra “no ha mostrado una conformidad explícita, la mayoría tampoco excluye esa posibilidad”.

Así las cosas, la determinación de plantear o no la extensión de la oficialidad queda pendiente de una “decisión política e institucional” que, previo “acuerdo motivado”, debería “aclarar todos sus efectos”, de manera que las “diferentes visiones existentes” al respecto dejen de ser un obstáculo.

El voto particular insertado a instancias del PSN defiende la vigencia de los principios que inspiraron la Ley del Vascuence de 1986 y pone en cuestión el objetivo de una Comisión que, si bien ha dado entrada a “aportaciones enriquecedoras”, se ha revelado inútil desde el momento en el que quedó patente que la elevación del estatus legal del euskera exige una modificación del artículo 9 de la Lorafna.

La “imposibilidad de cambiar unilateralmente” dicho precepto, “so pena de caer en fraude de ley”, ha desvirtuado el objetivo de la Comisión, en la que, no obstante, se ha confrontado “desde el respeto”.

El PSN hace constar que no observa una demanda social real que justifique una modificación de la actual Ley del Euskera porque, “aunque la ciudanía no está en contra de que se protejan los derechos lingüísticos de los vascoparlantes, rechaza que se le impongan.

Así, tras reiterar que “Navarra no vive en euskera” y defender que “la Administración no puede convertirse en titular de derechos que no responden a necesidades mayoritarias”, se achaca a “intereses políticos de una minoría la pretensión de declarar oficial el euskera”.

En ese marco, el PSN sostiene la “validez y la eficacia” de la zonificación establecida en la Ley del 86, si bien reconoce que en la concreción de la zona mixta pudieron mediar “criterios más políticos”, los mismos que, “con menos consenso y al amparo de mayorías políticas coyunturales”, han llevado ampliar la zona mixta (2017) “sin estudios sociolingüísticos ni participación directa de los destinatarios”.

UPN, por su parte, se ha reafirmado en su decisión de “no participar” en los trabajos de la Comisión Especial y ha puesto de manifiesto el “fracaso absoluto” de la misma, tal y como se desprende de la “única conclusión alcanzada, que el estatus legal del euskera debe ser revisado. A partir de ahí las discrepancias, porque de haberse concitado mayoría política suficiente ya se habría hecho. Pero no existe, tal es así que estamos ante una cuestión que ni se nombra en el Acuerdo Programático. Bildu ha querido llevar adelante su oficialidad y le han dicho que no. UPN comparte la reflexión del PSN”.

Bajo la presidencia de Dabid Anaut (G.P. EH Bildu), la Comisión Especial ha estado integrada por Carlos García Adanero (G.P. UPN), Koldo Martínez (G.P. Geroa Bai), Laura Pérez (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Inma Jurío (G.P. PSN), Ana Beltrán (A.P.F. PPN) y José Miguel Nuin (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).

En el curso de sus trabajos, la Comisión Especial ha recabado valoraciones y propuestas de diferentes personas, asociaciones y entidades. En sus ocho meses de actividad ha realizado numerosas sesiones, la primera el 18 de abril de 2018 y la última el 27 de noviembre de ese mismo año. UPN y PPN rehusaron participar desde el principio.

A la sesión de esta tarde, presidida por Dabid Anaut (G.P. EH Bildu), han asistido Carlos García Adanero (G.P. UPN), Virginia Alemán (G.P. Geroa Bai), Laura Pérez (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Inma Jurío (G.P. PSN) y José Miguel Nuin (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).