Publicada el Jeudi, 24 de mai de 2018

Se insta al Ejecutivo Foral a incluir la educación afectivo-sexual en el currículo de las enseñanzas no universitarias

Se postula un enfoque integral en términos de igualdad y corresponsabilidad, reconocimiento y aceptación de la diversidad y prevención de embarazos, abortos y abusos

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se instar al Gobierno de Navarra a “implantar, de modo que sea efectivo en el curso 2018-2019, las medidas necesarias para la inclusión de la Educación Afectivo-Sexual en el currículo de las enseñanzas no universitarias, en los Proyectos Educativos de Centro y en la práctica escolar, tal y como se establece con carácter prescriptivo en el artículo 7 del Decreto Foral 103/2016”.

 

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo Foral a “diseñar e incluir una asignatura/materia/área curricular en el currículum básico de las enseñanzas no universitarias, que incluya, entre otros contenidos relativos al ejercicio de una ciudadanía responsable y la formación en valores democráticos, el conocimiento de las situaciones de desigualdad de género, el papel de las mujeres a lo largo de la historia y el papel de toda la ciudadanía para construir una sociedad basada en la igualdad entre hombres y mujeres”.

 

Este último epígrafe ha sido incluido a partir de una enmienda de adición suscrita por Podemos-Ahal Dugu e I-E, éste último titular de la iniciativa.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por la A.P.F. Izquierda-Ezkerra invoca el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Foral 103/2016, en cuyo artículo 7, relativo a la formación en salud sexual y reproductiva en el sistema educativo, se postula un “enfoque integral en términos de igualdad y corresponsabilidad, reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual, prevención abortos y embarazos no deseados, así como de la violencia sexista, la homofobia y la transfobia”.

 

Todo ello, según se precisa, sin menoscabo de la debida “atención a la realidad y necesidades de los grupos o sectores sociales más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad”.