El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una Resolución por la que se insta al Gobierno de España a adoptar medidas efectivas para dotar de protección real a las mujeres deportistas profesionales ante las denominadas “cláusulas antiembarazo” y cualquier otro tipo de práctica abusiva, a propuesta del G.P. Geroa Bai.

La Resolución aprobada dice lo siguiente:

“1. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España a adoptar medidas efectivas, a través de la adaptación de la Ley del Deporte o mediante las modificaciones legales que considere necesarias, para dotar de protección real a las mujeres deportistas profesionales ante las denominadas “cláusulas antiembarazo” y cualquier otro tipo de práctica abusiva.

2. El Parlamento de Navarra insta a los Gobiernos de España y Navarra, a través del Consejo de Deportes o de las federaciones correspondientes, a promover campañas de concienciación que permitan destapar las malas prácticas, así como a incrementar la persecución de todo tipo de prácticas abusivas contra los derechos y la dignidad de las mujeres deportistas”.

En la exposición de motivos de la propuesta de resolución se decía lo siguiente:

“El mundo del deporte, en general, y del deporte profesional, en particular, es un ámbito laboral donde aspectos comunes en otros terrenos profesionales, como la representación colectiva, la negociación colectiva o la inspección de trabajo –en general, las relaciones laborales– están escasamente desarrollados, precisando de una urgente normalización. Esto, siendo perjudicial para todas las personas que se dedican a la práctica deportiva, en general, es especialmente dañino para las mujeres deportistas, eslabón más débil de esta cadena.

Un ejemplo especialmente llamativo y doloroso de esta discriminación lo constituyen las cláusulas antiembarazo, mediante las que un empleador se arroga el derecho a romper el contrato laboral de una jugadora, sin indemnización, si esta se queda embarazada. Pese a ser nulas de pleno derecho, se aplican en el mundo del deporte, sin que se pueda afirmar a ciencia cierta la frecuencia y cantidad de las mismas. Sin embargo, la precariedad jurídica y laboral que rodea a las mujeres deportistas dificulta enormemente la denuncia pública de estos abusos.

Por otra parte, no es esta la única discriminación a la que tienen que hacer frente las deportistas, que también tienen menos derechos que los hombres en lo referente al reparto de los ingresos de las quinielas, incapacidades o impagos. La no existencia de convenios colectivos fomenta esta desigualdad, y es responsabilidad de las administraciones públicas contribuir a diseñar una estructura organizativa que ampare a todas las partes, velando por sus derechos laborales y su reinserción laboral plena.