Publicada el Mardi, 4 de avril de 2017

El Congreso toma en consideración la proposición de Ley del Parlamento de Navarra

Unanimidad para el estudio de la abolición de cláusulas que discriminen a afectados por VIH y otras enfermedades “excluyentes” de ciertas prestaciones y servicios

Sergio Sayas (UPN), Koldo Martínez (Geroa Bai) y Nuria Medina (PSN) han defendido con éxito ante el Congreso de los Diputados, que ha aprobado su toma en consideración, la proposición de Ley de modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007.

 

Las posiciones defendidas durante el debate por los diferentes portavoces han sido refrendadas en la votación (efectuada dos días más tarde, el jueves 6 de abril), de modo que la proposición de Ley ha sido tomada en consideración por unanimidad, con 336 votos a favor.

 

En este caso, a diferencia de lo sucedido el 6 de mayo de 2014 (y anteriormente en 2011), cuando el PP, contrario a su tramitación, hizo valer su mayoría absoluta, la proposición de Ley será dictaminada en Comisión antes de ser elevada a Pleno, para su definitivo debate y votación.

 

La Ley impulsada por UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e Izquierda-Ezkerra tiene por objeto declarar la “invalidez e ineficacia” de cualquier cláusula que “discrimine o excluya” de determinadas prestaciones y servicios a toda persona “portadora del VIH/Sida o seropositiva”, por entender que afecta al normal ejercicio de los derechos constitucionales y, en particular, al principio de “igualdad”.

 

La proposición otorga un año de plazo al Gobierno de España para elaborar un proyecto de Ley que extienda la aplicación de los principios contenidos en esta norma a otras enfermedades susceptibles de generar los “mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas”.

 

Sergio Sayas, portavoz de UPN y encargado de sostener en primera instancia la iniciativa aprobada por el Parlamento de Navarra (con la abstención del PPN) el pasado 19 de enero, ha destacado que “estamos ante una Ley tendente a eliminar barreras, a erradicar del ordenamiento jurídico cualquier atisbo de discriminación y estigmatización. Se trata, en definitiva, de contribuir a mejorar la vida de muchísimas personas, haciendo efectivo, real, el principio de igualdad”.

 

Sayas ha abogado por neutralizar la “desventaja” que los afectados por el VIH padecen “en el ámbito de los contratos, del mundo civil. Vinimos en 2011 y la proposición decayó. Volvimos en 2014 y tampoco salió adelante. Pero los navarros somos persistentes y en este caso obvia decir que el objetivo lo merece. Es hora de dejar de poner piedras en la espalda de gente ya de por sí muy castigada”.

 

Koldo Martínez (Geroa Bai) ha denunciado “la reiteración de situaciones discriminatorias que soportan las personas con VIH, también en el acceso a seguros privados o de enfermedad”, y ha cuestionado la “igualdad de oportunidades” que predica el ordenamiento jurídico. “Necesitamos nuevos y mejores mecanismos de protección para evitar discriminaciones, ya sean fruto de una voluntad directa o derivadas de la inercia, la irresponsabilidad y la falta de previsión”.

 

El Parlamentario de GB, que ha dicho hablar también en nombre de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, ha afeado la ausencia de los portavoces titulares de UPN y PSN, que han “preferido quedarse en Pamplona para alzar su voz contra la Ley de modificación del Vascuence, un ejercicio democrático que, supeditado a la voluntad de los Ayuntamientos, observan como una muestra de sectarismo o imposición”.

 

Nuria Medina (PSN) ha comenzado felicitando a los movimientos sociales, a las ONG navarras que trabajan en el ámbito de la prevención y, especialmente, a Sare y Comisión Ciudadana Anti Sida, “pues el Parlamento de Navarra no ha hecho sino recoger la iniciativa que trasladaron al Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral. Hacemos nuestra su voluntad de avanzar en justicia social, algo que el PP impidió en 2013 con su rodillo, dejando patente su falta de sensibilidad y su nulo credo en la igualdad de derechos, porque una cosa es la legalidad y otra muy distinta la realidad”.

 

Medina ha hecho énfasis en la pretensión de “liberar del estigma, a veces invisible, que limita las expectativas ciudadanas de un colectivo especialmente señalado. Lamentamos la falta de unanimidad que, debido a la abstención del PPN, acompaña a esta proposición. Esperemos que el PP cambie su sentido del voto y enmiende esa abstención tan poco comprometida, porque discriminar es impedir una convivencia en condiciones de igualdad, que es lo que se busca”.

 

Una vez aprobada la toma en consideración, la proposición de Ley de modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias seguirá el procedimiento legislativo ordinario, con su debate en Ponencia y Comisión y la presentación y votación de enmiendas al articulado.

 

El artículo 211 del Reglamento del Parlamento de Navarra desarrolla esta capacidad de iniciativa legislativa ante el Congreso remitiendo la tramitación de las proposiciones al procedimiento legislativo ordinario. La única diferencia consiste en que, aprobada la proposición por el Pleno, esta no se remite al Presidente del Gobierno de Navarra, sino al Presidente del Congreso de los Diputados para su tramitación en dicha Cámara.

 

La designación de los Parlamentarios Forales encargados de la defensa de la proposición ante el Congreso se ha realizado de conformidad con las normas aprobadas por la Mesa, previo acuerdo vinculante de la Junta de Portavoces.

 

Dichas normas disponen que la defensa corresponde a tres Parlamentarios que no hayan votado en contra de la proposición, designados por la Mesa. Uno, a propuesta del grupo promotor de la iniciativa y los otros dos elegidos por la Junta de Portavoces (voto ponderado) entre los propuestos por los grupos.

 

  • www.parlamentodenavarra.es
  • Publicación de la Proposición de Ley de Comunidades y Ciudades Autónomas (BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, nº 83-1, de 3-2-2017. Número de expediente 125/000008)