El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, PSN y PPN, las abstenciones de Podemos-Ahal Dugu e I-E y los votos en contra de Geroa Bai y EH Bildu, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “formular un Plan de Salud Mental y Prevención del Suicidio en Navarra y a presentarlo ante esta Cámara, que prevea los medios humanos y los medios materiales y económicos necesarios para atenderlos, y a ponerlo en marcha antes de que concluya la actual legislatura”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo Foral a que dicho Plan se elabore “con la participación de todas aquellas entidades y profesionales que atienden a personas con riesgo vital, tenga un carácter transversal, con medidas desde diversos ámbitos, y aumente la capacidad de atención que tiene el sistema público de salud”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se compele al Gobierno de Navarra a que el plan incluya “medidas importantes en las tres áreas siguientes: la detección temprana, la mejora e incremento de la atención terapéutica en el ámbito de la Psicología y la prestación de cursos orientadores a la sociedad en general para identificar, prevenir y actuar ante problemas de depresión, ansiedad, estrés y alteración del sueño”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P UPN advierte que los trastornos mentales y neuropsiquiátricos representan el 13% de la carga global de enfermedad en el mundo, subraya que el suicidio, principal causa de muerte no natural en España (3.910 en 2014), es uno de los problemas más importantes de la salud pública mundial (un millón de fallecimientos al año) y concluye que su prevención es una “necesidad clínica no resuelta”.

A ese respecto, se apunta que en España, a diferencia de otros países como Noruega, Suecia, Dinamarca o Reino Unido, todavía no existen proyectos de prevención de este tipo a nivel estatal o autonómico, y se pone de manifiesto que el “70% del coste económico de las enfermedades mentales no son estrictamente sanitarios, sino que son costes indirectos, localizados en múltiples ámbitos (social, laboral, familiar y judicial), que suponen entre un 3 y un 4% del PIB de la UE.”

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 136, de 18-11-2016)