La Comisión de Convivencia y solidaridad Internacional ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “impulsar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas resulten necesarias para actuar con determinación, tanto en el seno de la Unión Europea como en Naciones Unidas, en la búsqueda de la pacificación de los países en conflicto y que constituyen el origen del actual desplazamiento masivo de personas”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Ejecutivo estatal a “apoyar una política integral de asilo en la Unión Europea. La Unión Europea debe contar con las competencias para abordar una verdadera política común, incluyendo los principios y las ayudas a la integración de los refugiados y la cooperación con terceros países, que debe contar con recursos financieros suficientes, reforzando la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se propone “reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la cooperación con terceros países que permitan una adecuada atención a los refugiados”.

Asimismo, se llama al Gobierno de España a “impulsar, en estrecha colaboración con Europol, la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas y establecer alianzas con los países de origen y tránsito para combatir las redes de trata de seres humanos” En ese contexto, se pide “la máxima transparencia al destino de recursos del fondo de asilo, migración e integración (FAMIN) de la Unión Europea”.

Del mismo modo, se emplaza a “reforzar la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen a un mayor número de refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y la Unión Europea. Favorecer el desarrollo y la estabilización de estas zonas como mecanismo para abordar el problema desde el origen”.

Igualmente, se sugiere “adaptar la respuesta a las necesidades de acogida e integración de los refugiados a las nuevas cifras de llegadas y a las previsiones de la Unión Europea en materia de reubicación y reasentamiento, bajo la coordinación del Grupo de Trabajo Interministerial creado al efecto y contando con la participación de las comunidades autónomas y entidades locales, en el ámbito de sus competencias a través de la Conferencia Sectorial de Inmigración y de acuerdo con la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria”.

Todo eso para, en concreto, “poner a disposición de los refugiados y solicitantes las plazas de acogida precisas, facilidades para la escolarización y atención sanitaria y social adecuadas; . incorporar planes de trabajo voluntario en los que pueda participar la sociedad de acogida para favorecer el proceso de integración de los refugiados, en colaboración con las entidades del tercer sector; atender especialmente a los menores, eventualmente no acompañados, que requieran de dispositivos de atención especiales; garantizar una adecuada integración de los refugiados, teniendo en cuenta sus características y las capacidades de las distintas Administraciones autonómicas y locales para la prestación de los servicios de su competencia, dirigidos a la población general y de los que también se benefician los refugiados, a partir de los distintos mecanismos de financiación; contar con el asesoramiento y colaboración de la representación del ACNUR en España y de las organizaciones no gubernamentales y entidades especializadas en acogida e integración de los refugiados, así como el conjunto del Tercer Sector de Acción Social; y continuar los esfuerzos para incrementar los fondos destinados a la acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, tanto a nivel europeo como a nivel nacional; teniendo en cuenta el respaldo a las actuaciones de asistencia a los solicitantes de protección internacional que comunidades autónomas y entidades locales lleven a cabo en el marco de sus respectivas competencias, mediante el apoyo a la prestación de servicios y la mejora de los recursos del Fondo de Asilo, Migración e Integración”.

Por otra, parte se requiere al Ejecutivo central a “continuar adaptando la normativa, con la mayor agilidad posible, a las directivas pendientes, el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, así como las normas complementarias, introduciendo, en su caso, las adaptaciones en el proyecto que requieran las recientes disposiciones adoptadas por el Consejo de la Unión ante la actual llegada de refugiados. Todo ello debe conformar un marco de seguridad jurídica que agilice los trámites burocráticos para ordenar la acogida e integración de refugiados, sean éstos reubicados o reasentados desde otros países o hayan solicitado desde el comienzo la protección internacional en nuestro país”.

Por último, se conmina al Gobierno de España a “informar y garantizar a los solicitantes de asilo que llegan a nuestro territorio el acceso al proceso de protección internacional, orientar sus decisiones y pronunciamientos hacia una perspectiva responsable, solidaria e integradora del asilo, evitando derivas xenófobas, discriminatorias o de identificación de los refugiados con una amenaza. En este sentido, el Gobierno de España promoverá una campaña de sensibilización sobre la convivencia de personas de distintas procedencias y culturas, entre ellos personas refugiadas, como parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos. Deberá prevenir prevenir también la aparición actitudes racistas o xenófobas”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. PSN se remite a la enmienda aprobada por unanimidad en el Congreso el pasado 29 de septiembre y, a ese respecto, solicita a las Administraciones Públicas españolas que, junto a la Unión Europea, “sean parte de la solución al drama generado por el desplazamiento de más de 4 millones de personas que, huyendo del terror y la guerra en sus países de origen, buscan en Europa un espacio de seguridad, libertad y respeto a los derecho humanos”.

El proponente insiste en el “deber ético de contribuir” a la integración de esas personas, proceso este que conlleva un “amplio conjunto de medidas, desde la primera acogida hasta que la consecución de un nivel de autonomía suficiente para desenvolverse como un ciudadano más”.

A ese respecto, en lo tocante a la expedición de documentación y a la tramitación de las peticiones de asilo, se solicita un “esfuerzo adicional a los poderes públicos, de cara a ir completando las medidas de mejora de la Oficina de Asilo y Refugio, incluido el refuerzo de plantillas, medios y formación”.

A la sesión, presidida por Begoña Ganuza (G.P. UPN), han asistido, además, Cristina Altuna, Iñaki Iriarte, Mónica Doménech (G.P. UPN), Issabel Aranburu, Virginia Alemán, Consuelo Satrustegi (G.P. Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde, Arantza Izurdiaga (G.P. EH Bildu), Ainhoa Aznárez, Fátima Andreo (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Ainhoa Unzu, Nuria Medina (G.P. PSN) , Ana Beltrán (A.P.F. PPN) y José Miguel Nuin (A.P.F. I-E).

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la enmienda (BOPN, nº 30, de 13-11-2015)