El Debate sobre el Estado de la Comunidad continúa mañana, a partir de las 09:30, con el debate y votación de las de las 28 propuestas de resolución, cinco por grupo, el máximo permitido (2 los no adscritos), admitidas por la Mesa.

El orden del debate de las propuestas de resolución será idéntico al de las intervenciones, es decir, de mayor a menor, finalizando con la del portavoz G.P. UPN.

Cada Grupo defenderá sus propuestas de forma conjunta, durante un plazo máximo de 10 minutos. Luego se abrirá un turno de intervenciones a favor o en contra y otro de réplica (ambos de 5 minutos), en el que los Grupos Parlamentarios intervendrán en el mismo orden que en el debate. Los no adscritos dispondrán de la mitad de tiempo.

Terminado el debate, las propuestas de resolución de cada Grupo se votarán separadamente.

Las propuestas de resolución registradas por UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO (UPN) muestran el respaldo del Parlamento a la “concertación social como medio para dinamizar la economía y la creación de empleo”. Subrayan el compromiso de la Cámara “con los derechos originarios e históricos de la Comunidad Foral”, al tiempo que denuncian los “ataques al autogobierno y al régimen foral”.

Del mismo modo, UPN subraya su adhesión para con los “símbolos propios de Navarra”, traslada su “apoyo y solidaridad a las víctimas del terrorismo y condena todo acto de exaltación del terrorismo, así como cualquier acción que violente la dignidad y memoria de las víctimas del terrorismo y sus familias”, a su entender “lo mejor de la sociedad por su ejemplo permanente de lucha por la libertad y la justicia”.

Por último, UPN reitera su compromiso con la “ampliación y priorización de las infraestructuras del Canal de Navarra y el TAV”, por considerarlas “vertebradoras y dinamizadoras de la actividad económica”.

Entre las propuestas de resolución registradas por SOCIALISTAS DE NAVARRA figura una prolija defensa del autogobierno, con mención especial a la demanda del Ministerio de Hacienda sobre el IVA de Volkswagen, concepto por el que entienden que Navarra “no debe pagar nada”.

En este terreno, se censuran las “injerencias” del Estado, se solicita un “reconocimiento expreso” de la potestad originaria de Navarra en materia fiscal y se conmina a la “inaplicabilidad de la legislación básica que afecte directamente a las competencias de Navarra”.

Asimismo, se denuncia como “contrafuero” la sentencia del TC que anula la Ley Foral 24/2012 reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica; se apercibe al Gobierno de España a retirar los recursos interpuestos contra leyes forales “por discrepar en términos ideológicos” de su contenido; y se subraya la “gravedad” de la sentencia del TC que “avala la reforma laboral”.

En el terreno laboral, se exhorta al Gobierno de Navarra a “materializar” las conclusiones de la Mesa de Empleo celebrada en el Parlamento, articulando las “modificaciones normativas y las partidas presupuestarias necesarias para hacer posible la asunción de las recientes propuestas de dinamización industrial del diálogo social”.

En el campo de la educación, se llama a reforzar el apoyo institucional a la educación pública, “mejorando la dotación de medios humanos y materiales, poniendo en marcha un programa de atención a alumnos en situación de pobreza y asignando a la UPNA un plan de financiación plurianual que garantice su mantenimiento y desarrollo”.

En Sanidad, se solicita la adopción de las medidas oportunas para el “correcto funcionamiento” del nuevo servicio de urgencias del CHN y del nuevo laboratorio centralizado. Se requiere la implantación generalizada del Plan Foral de Atención a pacientes Crónicos y la puesta en marcha de un Plan de Atención Primaria continuada y urgente que, amén de “suficiente y ágil”, discrimine “positivamente a las zonas rurales de montaña”. También se demandan los medios precisos para hacer frente a posibles casos de enfermedades víricas y contagiosas graves (ébola).

En el ámbito financiero, los socialistas instan al Gobierno a “incrementar el techo presupuestario en todas las partidas destinadas a cubrir necesidades derivadas de la lucha contra la pobreza y la exclusión social”, tanto en Políticas Sociales y Educación, como en Salud, Empleo y Vivienda.

En lo referido al sector primario, “creador de riqueza y puestos de trabajo”, el grupo socialista emplaza al Ejecutivo Foral a hacer efectivas antes de final de año todas las ayudas comprometidas. A su vez, se propone el establecimiento de “nuevas líneas de crédito”, “ayudas para la compra en común de maquinaria para los nuevos regadíos” y la negociación de una PAC que, al menos, iguale a la anterior.

Las propuestas de resolución registradas de manera conjunta por BILDU-NAFARROA y ARALAR-NABAI solicitan la “convocatoria urgente” de la Comisión navarra negociadora del Convenio Económico para, “con la participación de todas las fuerzas parlamentarias, definir la estrategia de defensa de los derechos que corresponden a la sociedad navarra”.

En lo referido a derechos básicos (salud, educación, políticas sociales), apuestan por un “aumento de la financiación y una mejora de la gestión”.

Con el objetivo de “erradicar la corrupción”, Bildu y Aralar-Nabai proponen “profundizar en fórmulas de participación y consulta ciudadana”, también en lo relativo a la “transparencia y el derecho de la ciudadanía a fiscalizar las decisiones de las instituciones públicas”.

Por otro lado, instan al Gobierno de Navarra al “reconocimiento del conjunto de víctimas de vulneraciones de derechos, de cara a avanzar hacia una sociedad normalizada y pacificada”. A tal fin creen que contribuiría la “asunción de las competencias penitenciarias y la adopción de medidas encaminadas a tal fin”.

BILDU ha presentado en solitario una propuesta de resolución dirigida a “reconocer y poner en valor la pluralidad ideológica, política, identitaria y cultural de Navarra”, en aras a la “apertura de cauces para un entendimiento sin exclusiones que faculte la expresión y el desarrollo de los legítimos proyectos” de cada cual.

ARALAR-NABAI ha presentado en solitario una propuesta de resolución mediante la que llama a “recuperar la inversión pública en sectores y servicios públicos esenciales” para, entre otros, “crear empleos de calidad, garantizar una financiación estable y suficiente a la UPNA y diseñar una política tecnológica susceptible de mejorar la productividad del sistema navarro de innovación”.

Las propuestas de resolución registradas por el PARTIDO POPULAR DE NAVARRA (PPN) abogan por la “aplicación de una rebaja fiscal que permita disponer a Navarra de un sistema tributario competitivo, de manera que no se paguen más impuestos que en el resto de regiones españolas”.

En cuanto a las relaciones Navarra- Estado, el PPN declara que “deben ajustarse a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que ampara y respeta los derechos históricos, así como a lo establecido en la Lorafna, con pleno respeto al Convenio Económico en cuanto norma reguladora de la potestad tributaria y financiera de Navarra”.

El PPN alude también a ETA, a quien exige la “disolución, la entrega incondicional de las armas, el reconocimiento del daño causado y la petición de perdón a las víctimas”. En ese marco, expresa su “solidaridad, apoyo y compromiso permanente con las víctimas y sus familias”. Y “rechaza y condena de forma enérgica cualquier acción de apoyo a la violencia y de exaltación del terrorismo”.

El PPN exige también “respeto a la realidad institucional de Navarra, manifestada en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo, televisivo, cultural y deportivo”.

Por último, insta al Gobierno de Navarra a “enfocar las políticas sociales en el desarrollo de acciones a favor de la familia, de las personas mayores, de los menores y los jóvenes, de los discapacitados, los dependientes y las víctimas de la violencia machista”.

Las propuestas de resolución registradas por el IZQUIERDA-EZKERRA (I-E) reclaman una política educativa que dote de recursos suficientes a la escuela pública, un plan urgente de lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

A nivel sanitario, reivindican el cumplimiento íntegro de la Ley Foral 2/2013 de atención continuada y urgente, así como del Plan Foral de Salud 2014-20, también en lo relativo a la implantación de medicina en la UPNA, la realización de IVEs en la red pública y la financiación del sistema público sanitario conforme al 7% del PIB.

Por otra parte, I-E llama a recuperar los servicios y prestaciones perdidos en Dependencia, y a convocar oposiciones en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, para “adecuar las plantillas a las necesidades de la población”.

En cuanto al autogobierno, solicita la retirada de los recursos presentados ante el TC contra la Ley 24/2013, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra y contra la Ley Foral 8/2013, por la que se reconoce el derecho a la asistencia sanitaria gratuita a los residentes en Navarra. Por otra parte, muestra su compromiso con el autogobierno en materia fiscal y financiera y emplaza a la “actualización del Convenio Económico garantizando las competencias tributarias de Navarra”.

En ese contexto, I-E solicita una reforma del Amejoramiento para “incorporar el derecho de la ciudadanía navarra a ser consultada directamente sobre decisiones de especial trascendencia”.

Asimismo, conmina a abordar con urgencia la “creación de una Banca Pública orientada al desarrollo económico y social de la comunidad”. Y reclama la “paralización” del corredor navarro del TAV y su sustitución por un tercer carril adaptado al ancho de vía europeo.

Las dos propuestas de resolución registradas por los NO ADSCRITOS exigen la retirada inmediata del anuncio de interposición del recurso ante el TS por el acta de inspección de la Agencia Tributaria referida al IVA de Volkswagen entre 2007 y 2011.

Y piden la convocatoria de la Comisión Negociadora del Convenio Económico, con presencia de todas las fuerzas parlamentarias, para abordar el reconocimiento de la capacidad de Navarra de establecer tributos propios y la negociación del cupo de Navarra al Estado para el nuevo quinquenio 2015-19.

En otro orden de cosas, los no adscritos apuestan por construir consensos en torno a la cohesión social como principio irrenunciable. Se considera “fundamental” la “reactivación económica para disminuir el paro, mejorar la calidad de vida y el valor añadido de los empleos”. A tal objeto, se demandan “partidas presupuestarias suficientes para sostener los servicios públicos esenciales y un sistema fiscal justo y progresivo que, además, combata la elusión fiscal”.