El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de SN, Nabai, Bildu e I-E y los votos en contra de UPN y SN, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “iniciar el procedimiento que le reconoce el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la interposición de recurso de inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 y la disposición final primera del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de racionalización de gasto público en el ámbito educativo; solicitando la convocatoria urgente de la Comisión Bilateral para modificar el texto normativo e invocando en el seno de la misma la suspensión del citado Real Decreto-Ley”.

La resolución aprobada contiene un segundo punto, fruto de una enmienda de adición rubricada por Nabai, Bildu e I-E, para, del mismo modo, instar al Ejecutivo Foral a iniciar el procedimiento de interposición de recurso de inconstitucionalidad, en este caso contra el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; solicitando la convocatoria urgente de la Comisión Bilateral para modificar el texto normativo e invocando en el seno de la misma la suspensión del citado Real Decreto-Ley”.

En la exposición de motivos, la resolución inicial impulsada por el G. P. Nabai justifica su iniciativa en la certidumbre de que, pese a la decisión del Pleno de interponer recurso de inconstitucionalidad, la interposición del mismo por el Parlamento “no suspende la norma”.

El grupo proponente considera que, dadas las “graves consecuencias” que la aplicación de las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 14/2012 pudieran tener en nuestro sistema educativo, se antoja necesaria la suspensión de esta norma, posibilidad que se abre en el caso de que sea el Gobierno de Navarra quien interponga recurso.

En lo que al contenido del real decreto-ley 14/2012, se apunta que, si bien su finalidad es la contribución al logro del objetivo de estabilidad presupuestaria establecido para el sector público nacional, la mera invocación de dicho fin, consagrado por el artículo 135 de la Constitución, no autoriza al Estado a dictar, en virtud del artículo 149.1.13ª, cualesquiera disposiciones transversales afectantes a materias que sean competencia de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y la Constitución.

En ese sentido, se constata que el Real Decreto-Ley 14/2012 reduce el ámbito decisorio de la Comunidad Foral, pues contiene dos disposiciones específicas que entran de lleno en la potestad formal de organización de los servicios educativos no universitarios y de regulación y gestión de los recursos humanos docentes, materias de competencia de la Comunidad Foral, a tenor de lo previsto en el Amejoramiento. Así lo avala el informe emitido por los servicios jurídicos de la Cámara.

· www.parlamentodenavarra.es
· Publicación de la moción (BOPN, n.º 58, de 15-06-2012)