En concreto, la resolución aprobada señala que los procesos de subcontratación “deberán justificarse exclusivamente en razones técnicas para su mejor desarrollo” y que el Gobierno navarro “debe buscar garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de subcontratación, de prevención de riesgos laborales; y las recomendaciones o directivas en relación a la responsabilidad social o empresarial; y el contenido de los convenios colectivos y demás normativa socio laboral reguladora de los derechos de los trabajadores y de la previsión social de los mismos”.

La resolución incluye un segundo punto en el que, a su vez, se insta al Gobierno de Navarra a “desarrollar una política de fomento, mejora y aumento de la competitividad del tejido empresarial navarro del sector de la obra pública, que posibilite mejorar su posicionamiento en los procesos de adjudicación de las diferentes administraciones públicas y aumentar su carga de trabajo y niveles de actividad”.

La resolución aprobada es producto de una enmienda de modificación presentada por el grupo socialista y completada con una enmienda in voce de Nafarroa Bai.

En la exposición de motivos, la moción inicial impulsada por el G.P. Nabai considera que, a fin de “rentabilizar al máximo los recursos públicos” y cumplir con “los objetivos derivados del gran volumen de obra pública licitada de forma excepcional para evitar la caída del empleo en época de crisis”, se antoja necesario luchar contra la subcontratación, una “realidad masiva que incide directamente en la siniestralidad y supone una desviación del concepto de margen empresarial”.

· www.parlamento-navarra.es/castellano/boletines.asp

· Publicación de la moción (BOPN, n.º 49, de 22-05-2009)