El Presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha recibido hoy la Memoria del Consejo de Navarra correspondiente a 2022 de manos de su presidente, Alfredo Irujo. Con este acto se da cumplimiento al artículo 21 de la Ley Foral 8/2016 de 9 de junio, que prevé esta entrega anual.

En esta memoria se recoge que a lo largo de 2022 se han peticionado 47 solicitudes de dictámenes (3 más que en 2021) y el Consejo ha emitido 42 dictámenes (1 más). Tal y como ha indicado su presidente, la actividad del Consejo de Navarra “se mantiene, también en cuanto a intensidad, dentro de los parámetros de normalidad a los que se regresó en 2021, tras la pandemia".

El Consejo de Navarra tuvo un presupuesto de 453.382 euros en 2022, de los que, según se matiza en la memoria, solo ejecutó 293.596,68 euros, debido “a que no se han encargado estudios y trabajos técnicos a expertos externosy a que se ha continuado con la política de ahorro iniciada en el año 2010”, ha explicado Alfredo Irujo.

Del conjunto de 42 dictámenes, 6 han sido facultativos y 36 preceptivos. Por materias, 14 han versado sobre proyectos de reglamentos, 5 sobre revisiones de oficio de actos administrativos, 13 sobre reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios, 1 sobre recursos administrativos de revisión, 2 sobre anteproyectos de leyes forales, 1 sobre contratos administrativos y los 6 restantes sobre otros asuntos. Todos salvo 6, requeridos por la Presidencia del Parlamento de Navarra, se han cursado a través del Gobierno de Navarra.

El Consejo de Navarra es el órgano consultivo superior de la Comunidad Foral, encargado de velar por la observancia del ordenamiento jurídico. Sus dictámenes podrán contener valoraciones de oportunidad y conveniencia cuando la índole del asunto así lo exija o lo solicite expresamente la autoridad consultante, siempre en aras a la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines.

El Consejo consta de cinco miembros, sujetos todos a un mandato no prorrogable de ocho años, abierto a una sola reelección. Su selección se hace depender del aval de la mayoría absoluta del Parlamento. Se prevé la posibilidad de que tanto el Consejo de Gobierno de la UPNA como el Colegio de Abogados y uno o varios grupos parlamentarios puedan presentar candidatos.

Irujo tomó posesión de su cargo el 21 de julio de 2016, en aplicación de la Ley Foral aprobada por el Parlamento de Navarra el 2 de junio de ese año, con el fin de “mejorar el funcionamiento y garantizar la cualificación técnica, la neutralidad política y la imparcialidad de los miembros de dicho órgano”.