El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se al insta al Gobierno de Navarra a “dictar instrucciones para que la contratación pública de todos los productos y servicios alimenticios destinados a colegios públicos, hospitales, residencias y demás centros públicos sea de proximidad y preferiblemente ecológica, en colaboración con los sectores concernidos (sindicatos, cooperativas de productores y productoras, cooperativas de consumidores y consumidoras, etc.) y de manera compatible con la legislación vigente”.

La resolución aprobada incluye un segundo apartado en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo Foral a “definir e introducir cláusulas sociales y medioambientales en los procedimientos de licitación, a fin de que en la adquisición de esos productos o contratación de esos servicios se atienda no solamente al precio como criterio de adjudicación, sino que se valoren también los aspectos sociales y medioambientales de las ofertas”.

Entre los aspectos sociales y medioambientales a tener en cuenta se citan las “cláusulas relativas a igualdad: porcentaje de trabajadoras en la empresa, medidas de conciliación de la vida personal y laboral y medidas preventivas de conductas de acoso sexual o por razón de sexo; y las cláusulas relativas al fomento del empleo local: contratación de un porcentaje de personas trabajadoras a través de los Centros de Empleo territoriales, contratación de personas inscritas en las oficinas de empleo, porcentajes elevados de contratación indefinida y fomento de acciones formativas en las personas trabajadoras adscritas al servicio adjudicado”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Podemos-Ahal Dugu defiende la “contratación púbica” como una de las medidas que pueden adoptar las Administraciones para “contribuir a la estabilidad y el desarrollo” de un sector que, como el agrícola y ganadero, resulta esencial sacar de la crisis para “preservar su importancia como generador de empleo y escudo contra despoblación de las zonas rurales”.

En ese sentido, se apuesta por los productos agroalimentarios de proximidad y se apela a las directivas europeas favorables a la “compra pública responsable”, con el fin de emular a países que, como “Francia e Italia, apuestan por la introducción de alimentos ecológicos locales y tradicionales en los servicios de comedores escolares y hospitalarios”.

El proponente concluye asegurando que la Administración Pública debe “liderar la responsabilidad social de las empresas sirviendo al interés general y contribuyendo a construir mercados más sostenibles y sociedades más inclusivas”.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 9, de 28-01-2016)