La Comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “reforzar el apoyo a las personas presas navarras encarceladas en el extranjero, que se encuentren en situación de especial necesidad por padecer malas condiciones higiénicas, falta de información, asesoramiento jurídico, intérprete o por contar con una precaria atención médica en el régimen de privación de libertad. Así como a establecer marcos de colaboración, como ya han hecho otras comunidades autónomas, con asociaciones humanitarias cuya labor viene siendo reconocida como fundamental para el tratamiento y asistencia de este colectivo”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Ejecutivo Foral a que “inste al Gobierno de España a cumplir las recomendaciones consignadas en el último informe de la Defensora del Pueblo relativo a la situación de los/as presos/as españoles/as en el extranjero”.

Y en concreto, se compele al Gobierno de Navarra a “adaptar a la situación presente de incremento del número de españoles detenidos y presos en el extranjero la Orden circular 3.252, de 15 de julio de 2003, sobre españoles detenidos y presos en el extranjero, dado que las instrucciones que se recogen son insuficientes para atender las necesidades actuales”.

Del mismo modo, se emplaza al Gobierno de Navarra a “desarrollar reglamentariamente, como establece el artículo 5 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, los supuestos en los que la ciudadanía española residente en el exterior que carezca de recursos económicos puede acceder a la asistencia jurídica gratuita”.

Asimismo, se conmina al Ejecutivo Foral a “reforzar los medios personales y materiales en las demarcaciones consulares que albergan a un mayor número de personas presas, porque en algunos países no se puede dar cumplimiento a la instrucción quinta de la Orden circular 3.252, de 15 de julio de 2003, en cuanto a las visitas efectuadas por parte de los funcionarios consulares españoles”.

Del mismo modo, se solicita “regular la obligatoriedad de informar cada cuatro meses, por parte de las autoridades consulares, a la Dirección General de Españoles en el Exterior, sobre la situación de los españoles condenados a muerte o que sufren cadena perpetua, dada su situación de especial vulnerabilidad”.

Además, se pide “establecer mecanismos de ayudas para aquellos ciudadanos españoles en régimen de libertad condicional o libertad provisional en los países de condena y que no pueden salir de ese territorio mientras tengan responsabilidades penales pendientes”.

En ese marco, se invita al Gobierno de Navarra a “mejorar los canales de comunicación existentes entre los familiares y las autoridades consulares, teniendo en cuenta que, por la distancia, el idioma y la precariedad de recursos económicos, la única información de la que disponen muchas familias es la que les llega a través de los consulados, regulando, de forma concreta, la obligatoriedad y periodicidad con la que se realizan estas comunicaciones, siempre que el ciudadano español privado de libertad lo haya autorizado”.

A ese respecto, se insta al Ejecutivo Foral a “continuar los esfuerzos para reducir los tiempos medios de tramitación de la ejecución de los expedientes de traslado, una vez que estos han sido aprobados por las autoridades del país del Estado de condena y del Estado receptor”.

Por último, se reclama la “elaboración de un listado actualizado de los ciudadanos y ciudadanas españoles/as que cumplen condena en países de la Unión Europea, con el fin de cumplir urgentemente la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se apremia al Gobierno de Navarra a “dirigirse al Gobierno central para que lleve a cabo las acciones oportunas, dentro del marco que establecen los acuerdos bilaterales, con el fin de que las personas presas navarras puedan cumplir el resto de la condena en prisiones de nuestro país y, preferentemente, dentro de nuestra Comunidad Foral”. Este epígrafe ha prosperado con el voto en contra del PPN y el respaldo del resto.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por los G.P. UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN y la A.P.F. Izquierda-Ezkerra se remite a la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior para, tal y como se establece en su artículo 5, alertar sobre la “obligación de prestar especial atención a los ciudadanos privados de libertad, fundamentalmente a los condenados a la pena capital o a cadena perpetua, así como los que hayan sido víctimas de lesa humanidad en procesos de represión política”.

A ese respecto, se llama a abordar el desarrollo reglamentario de la citada Ley porque, amén de ser una recomendación de la Defensora del Pueblo, serviría para acabar con la “limitación normativa que mediatiza la asistencia y protección de la ciudadanía española residente en el exterior”.

En ese sentido, se recuerda que es “obligación de los poderes públicos tratar de remover los obstáculos existentes en el marco de la cooperación penal internacional, y trabajar para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, independientemente del país donde cumplan condena”.

En la actualidad, la población reclusa española que cumple condena en cárceles extranjeras está conformada por unas 1.500 personas, “la mayoría por posesión ilícita o tráfico de estupefacientes”, de las que sólo unas pocas son navarras.

A la sesión, presidida, por Unai Hualde (G.P. Geroa Bai), han asistido Carlos García Adanero, Cristina Altuna, Iñaki Iriarte, Sergio Sayas (G.P. UPN), Koldo Martínez, Virginia Alemán (G.P. Geroa Bai), , Adolfo Araiz, Arantza Izurdiaga (G.P. EH Bildu), Rubén Velasco, Fanny Carrillo (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Conchi Ruiz, Guzmán Garmendia (G.P. PSN), Javier García (A.P.F. PPN) y Marisa de Simón (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).

• www.parlamentodenavarra.es

• Publicación de la moción (BOPN, nº 19, de 16-02-2018)