Publicada el Jueves, 31 de Enero de 2019

Rechazada una moción para instar al Gobierno de Navarra a basar en criterios objetivos la campaña de preinscripción escolar en Infantil y Primaria

PSN y PPN secundan la pretensión de UPN de poner en cuestión la labor del Departamento de Educación por "hacer prevalecer el modelo D sobre el resto de modelos lingüísticos"

El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e I-E y los votos a favor de UPN, PSN y PPN, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “realizar la campaña de información del proceso de preinscripción escolar para el curso escolar 2019-2020 basada en criterios objetivos, equitativos e informativos, sin predeterminaciones ni influencias a las familias en relación con modelos lingüísticos en los que escolarizar a sus hijos”.

 

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba a ejecutar dicha campaña “garantizando la libertad de elección de centro educativo, a la que tienen derecho las familias en función de la normativa vigente y sin ningún tipo de intromisión por parte de otros departamentos. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de establecer una divulgación específica sobre la oferta de la red pública de Navarra”.

 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se conminaba al Gobierno de Navarra a que “la normativa que regule el procedimiento de admisión del alumnado en centros públicos y privados para el curso 2019-2020 cuente con la seguridad jurídica de la Secretaria General Técnica del Departamento de Educación”.

 

En la exposición de motivos, la moción impulsada por el G.P. UPN esgrimía que, si bien la campaña de divulgación impulsada por el Departamento del ramo “debe limitarse a informar del calendario de inscripción y la oferta educativa, en los últimos años ha dominado el afán de hacer prevalecer el modelo D por encima del resto de patrones lingüísticos”.

 

En ese contexto, se denunciaba la “intromisión del Departamento de Relaciones Institucionales e incluso de determinadas Entidades Locales en los propios centros educativos”, situación que, así se atestigua, “generó el rechazo de la mayor parte de la comunidad educativa”.

 

Por porta parte, se ponía en cuestión la “inseguridad jurídica” derivada de las resoluciones evacuadas en los últimos años por el Director General”, ya que, a su parecer, “contradecían normas de rango superior”.