Hoy ha quedado constituida la Ponencia dirigida a “actualizar la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra”.

La Ponencia ha elegido como presidente a Unai Hualde, Presidente del Parlamento de Navarra, que actuará -con voz pero sin voto- asistido por la Letrada Mayor, Silvia Doménech, en calidad de secretaria.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, la Ponencia desarrollará sus funciones hasta la finalización del trabajo encomendado, que deberá estar concluido y plasmado en un informe en el plazo prorrogable de seis meses desde su constitución. Todos los acuerdos se adoptarán por el sistema de voto ponderado.

La Ponencia está integrada por los siguientes Parlamentarios y Parlamentarias: Marta Álvarez (titular), Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN), Ramón Alzórriz (titular), Inma Jurío (PSN), Arantxa Izurdiaga (titular), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona (titular), María Solana (Geroa Bai), Javier García (titular), Maribel García Malo (PPN), Miguel Garrido (titular), Carlos Guzmán (Contigo Zurekin), Emilio Jiménez (titular) y Maite Nosti (Vox).

Tras la primera reunión, celebrada a medio día, la Ponencia se ha emplazado al próximo lunes, a las 09:15, para abordar el debate y aprobación de las normas que regirán los trabajos de la Ponencia, así como el calendario de comparecencias.

La Ponencia fue creada a finales de octubre en el seno de la Comisión de Régimen Foral con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y los votos en contra UPN, PPN y Vox.

La Ponencia propuesta por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin aboga por dar respuesta a la resolución aprobada en el marco del Debate del Estado de la Comunidad de 2021 para, según se explicita, “impulsar el pleno desarrollo de las competencias establecidas y culminar ‑previa negociación‑ los traspasos de las no transferidas”. Se trataría, por tanto, de proceder a la “adecuación” de la Lorafna a la “realidad social y al sentir de la ciudadanía navarra del siglo XXI”.

UPN, PPN y Vox, por su parte, atribuyen la iniciativa al “interés partidista” de sus proponentes, defienden la “legitimidad” del procedimiento de aprobación seguido hace 41 años y avanzan su intención de proteger el “estatus diferenciado” de Navarra y la actual “realidad sociolingüística”, conforme a lo estipulado en la norma institucional básica.

Hasta la fecha, la Ley orgánica que regula el Amejoramiento sólo se ha reformado dos veces, ambas con carácter puntual. En 2001, con el fin de eliminar el proceso automático de elección del Presidente del Gobierno, a quien, a su vez, se otorgó la facultad de disolución anticipada del Parlamento. Y en 2010, para ampliar a cuatro años la duración de la legislatura en caso de disolución anticipada y convocatoria de nuevas elecciones.

La introducción de cualquier modificación en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra requiere de acuerdo previo entre los Gobiernos de Navarra y España, y posterior ratificación por parte del Parlamento de Navarra y las Cortes Generales.