La Comisión de Fomento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “elaborar, con carácter de urgencia, un Plan de Mediación para la prevención de los desahucios de familias que por su situación económica no puedan hacer frente al pago de su hipoteca”.

La resolución aprobada contiene otras tres puntos que han sido aprobados con el voto favorable de SN, NaBai, Bildu-Nafarroa e I-E, y el voto en contra de UPN y PP.

El segundo punto de la resolución llama al Ejecutivo Foral a “crear una comisión especial mixta en la que participen representantes del Gobierno, de la administración de justicia, de entidades financieras, asociaciones de afectados y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática vinculada a los desahucios de familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria”.

El objetivo principal de esta comisión, según se constata, será estudiar las medidas a emprender para evitar los desahucios, así como buscar alternativas que las prevengan o bien garantizar el realojamiento digno de las familias afectadas, fortaleciendo los programas de viviendas de sociales”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado de la resolución, se exhorta al Gobierno de Navarra a “trabajar conjuntamente con todas las administraciones, tanto estatal como municipal, de cara a definir y acordar las medidas necesarias a fin de evitar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria y ofrecer alternativas de alojamiento a dichas familias”.

Finalmente en la resolución el Parlamento de Navarra muestra su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Plataforma de afectados por la Hipoteca.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Izquierda-Ezkerra señala que, desde 2007, “son ya más de 2.500 las familias navarras que se enfrentan a la pérdida de su vivienda y a una “condena financiera de por vida que les aboca a la exclusión social y la economía sumergida”.

Todo ello de la mano de una legislación “anómala” que, en caso de subasta desierta, “permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 60% del valor de tasación”, sin que ello sea óbice para que “sigan reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales”.

En ese sentido, constata que el código de buenas prácticas aprobado por el Consejo de Ministros resulta “muy limitado” en su alcance, pues ni modifica la legislación en las cuestiones “clave” ni tiene carácter “obligatorio” para las entidades financieras.

El grupo proponente concluye afirmando que resulta “inadmisible que todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario”, mientras las entidades financieras, “en buena medida responsables de la actual recesión, no sólo no asumen ninguna responsabilidad, sino que reciben ayudas millonarias que salen de los impuestos y continúan generando miles de millones de beneficios anuales”.

· www.parlamentodenavarra.es
· Publicación de la moción (BOPN, n.º 79, de 05-10-2012)