El sometimiento la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, implica una incoherencia jurídica que genera confusión e incertidumbre en los ciudadanos, en los funcionarios y en los profesionales del Derecho.
Estamos ante una normativa formalmente vigente pero inaplicable, lo que implica una incoherencia jurídica. Ello aconseja adoptar las medidas legales oportunas.