El Gobierno de Navarra ha retirado en el último instante el proyecto de modificación de la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-19, tras no atenderse su “disconformidad” con la tramitación de tres enmiendas que entiende suponen “incremento de créditos presupuestarios” y comprobar la disposición del resto de grupos a respaldarlas.

 

“En virtud del Reglamento y dado que los argumentos del Gobierno de Navarra en relación a las enmiendas no han sido atendidos, nos vemos obligados a retirar la Ley”, ha significado Uxue Barkos, una vez consumado el debate y con el sentido del voto explícito.

 

En el transcurso del debate efectuado en Pleno se han debatido dos enmiendas de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y otra de UPN, ninguna de las cuales se ha llegado a votar, toda vez que la Presidenta del Gobierno ha solicitado intervenir (está habilitada para hacerlo en cualquier instante) para, desde el escaño, anunciar que retiraban la Ley que había defendido la Consejera Isabel Elizalde.

 

La admisión de las enmiendas se ha consumado tras la el respaldo de la Junta de Portavoces a la decisión de la Mesa, que ha resuelto aceptarlas pese a la disconformidad mostrada por el Gobierno de Navarra, para quien, al estimar que encajan en el supuesto de “aumento de créditos o disminución de ingresos presupuestarios”, requieren la conformidad del Ejecutivo (art. 129.1 del Reglamento), autorizado a mostrar su discrepancia “en cualquier momento de la tramitación” (art. 129.4).

 

La resolución de las divergencias entre la Mesa y el Gobierno de Navarra en lo concerniente a la implicación presupuestaria de las enmiendas es competencia de la Junta de Portavoces, según se estipula en el Reglamento de la Cámara (art.129.5).

 

La enmienda de UPN solicitaba la ejecución en 2019 de los 35 millones de remanente de tesorería que, una vez descontados los 17 invertidos en subvenciones y pagos durante 2016 y 17, faltan para completar el saldo de 52.425.427,95 euros existente a 31 de mayo de 2015, “según confirmó el Gobierno de Navarra en febrero de 2016”. Ello permitiría “enmendar la escasa dotación del Fondo del PIL 2017/19 y dar salida en 2019 a la práctica totalidad de las obras que se han quedado en reserva”.

 

EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, por su parte, pretendía incrementar la dotación del PIL 2017/19 en 29.695.882,06 euros, cantidad equivalente al remanente de tesorería afecto a la liquidación de las Cuentas Generales correspondientes al ejercicio de 2017.

 

A tal efecto, para regular ese aumento de fondos en las aportaciones a las inversiones de Programación Local para el año 2018, se proponía la inclusión de una nueva disposición adicional séptima en la Ley Foral 18/2016 reguladora del PIL 2017/19, de modo que el suplemento de crédito por importe de 29.695.882,06 euros se dividiera entre las siguientes partidas: Pavimentación con redes (RG), por importe de 13.084.237,12 euros; Pavimentaciones sin redes (RG), 1.274.668,51 euros; Pavimentación con redes, 8.342.569,28 euros; Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa, 2.198.748,91 euros; Alumbrado público, 4.230.153,63; y Caminos a núcleos habitados, por importe de 565.504,61 euros.

 

Tramitada en lectura única, La Ley Foral remitida por el Gobierno tenía por objeto excepcionar la gestión del PIL de los dictados de la Orden Foral 84/2017, que obliga a tener totalmente ejecutadas las inversiones en el ejercicio presupuestario al que correspondan, así como corregir errores, eliminar duplicidades, agilizar la tramitación y aclarar determinados conceptos”, todo ello en conexión directa con las incidencias detectadas durante la vigencia del actual PIL, aprobado por la Cámara el 1 de diciembre de 2016.

 

A tal fin, para mejorar la gestión de los expedientes y garantizar que la financiación de las inversiones se ajuste a la planificación presupuestaria, se autorizaba la imputación de los compromisos económicos a ejercicios diferentes, en función de la previsión de la ejecución de las obras y previo informe del servicio competente.

 

En ese sentido, se subrayaba que hasta 2016 gran parte de los abonos se efectuaban en el ejercicio siguiente, con cargo a presupuestos cerrados, posibilidad excluida a partir de la Orden Foral 84/2017, relativa a las normas reguladoras del cierre y liquidación de los PGN y de las Cuentas de Balance de 2017 y la apertura del ejercicio 2018. Esta nueva previsión, que a nivel de plazos conllevaba el adelanto de la entrega de la documentación acreditativa de las inversiones, algo que no siempre era posible, provoca que no se pudiera ejecutar la totalidad del gasto comprometido.

 

En relación a la compatibilidad de las aportaciones del PIL con otras ayudas, se consignaba la obligación de acreditar, dado el caso, el importe, procedencia y aplicación de esos otros fondos.

 

Asimismo, se modificaba el acceso al régimen excepcional, estableciéndose la obligatoriedad de ajustar la inversión o, en su defecto, proponer una fórmula alternativa de financiación con carácter previo a la solicitud de acogimiento a dicho precepto. A su vez, se corregía el alcance de la ayuda, incrementándose en una cantidad equivalente al IVA para aquellas inversiones en que no resulte deducible y se impone una subida mínima del 0,20 en la contribución territorial que rige ahora mismo.

 

Del mismo modo, se adecúaba el procedimiento de emergencia al contenido de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra, distinguiendo con mayor exactitud dos procedimientos diferenciados, uno para actuaciones de apremio y otro para intervenciones complementarias.

 

Por otra parte, se agregaba un nuevo artículo 22 bis dirigido a regular un nuevo procedimiento (permiso de inicio) que, preservando el derecho a una posterior inclusión en el PIL 2017-19, autorizaba el inicio de las inversiones que figuren en la relación definitiva de reserva.

 

En otro orden de cosas, se otorgaba carácter potestativo a la Dirección General de Administración Local a la hora de fijar los plazos de ejecución de las inversiones, previéndose, con carácter excepcional, posibilidad de ampliación.

 

En lo tocante a la aportación correspondiente al inicio de obra, se elevaba del 50 al 60%, de manera que no sólo se optimizaba la capacidad económica de las entidades locales, sino que se permitía a la Dirección General de Administración Local un volumen mayor de gasto en la fase de inicio.

 

La Ley estipulaba un nuevo régimen de penalidades, de manera que se eliminaban como causa de exclusión total el retraso de hasta dos meses en el comienzo de las obras, y como causa de exclusión parcial la presentación fuera de plazo de la justificación documental de la finalización de la inversión.

 

Finalmente, se modificaba el régimen de libre determinación para agilizar la gestión de los Concejos que tienen delegadas sus competencias en los ayuntamientos o no han solicitado informe de adecuación en plazo, permitiendo que sus consistorios “soliciten informes de adecuación, ejecuten las inversiones y tramiten los correspondientes abonos”.

 

También se señalaban nuevos plazos para la solicitud de abonos de libre determinación para las inversiones a ejecutar en 2018 y en 2019. Se precisaba como fecha límite el 1 de noviembre, tanto para adelantar los pagos de 2018, como para, en caso de disponibilidad presupuestaria, adelantar el pago de aportaciones asignadas a 2018.

 

El Plan de Inversiones Locales 2017-2019 que, con cargo al Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra, aprobó el Parlamento de Navarra el 1 de diciembre de 2016 cuenta con una dotación de 100 millones, 40 a distribuir el primer año, 20 el segundo y otros 40 el tercero.

 

El Fondo de Haciendas Locales es el sistema mediante el cual el Gobierno de Navarra financia a los ayuntamientos y concejos sus gastos corrientes (personal, oficinas, suministros…). Las inversiones (implantación, mejora y renovación de infraestructuras y dotaciones), por su parte, son cofinanciadas a través del Plan de Inversiones Locales, regulado por la Ley Foral 18/2016.

 

• www.parlamentodenavarra.es

• Publicación del proyecto de Ley Foral (BOPN, n.º 86, de 19-06-2018)