La Comisión de Políticas Migratorias y Justicia ha aprobado hoy el dictamen en relación con el proyecto de Ley Foral de lucha contra el racismo y la xenofobia, un texto llamado a alinear el actual marco regulatorio con lo dispuesto en el Plan de Acción de la Unión europea Antirracismo 2020-25, de manera que se haga efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación por nacionalidad u origen étnico o racial.

 

El proyecto de Ley impulsado por el Gobierno tiene por objeto la promoción de políticas públicas tendentes a “prevenir, proteger y reparar la discriminación de origen étnico o racial para, mediante la aplicación de los estándares más exigentes en materia de derechos humanos, situar la cohesión social en el eje de los programas de desarrollo propios de una sociedad avanzada”.

 

A tal fin, para mitigar el “racismo estructural” y las “desigualdades” que entraña a nivel “individual, social e institucional”, se apunta la necesidad de identificar contextos xenófobos y segregacionistas, con el propósito de modificar las “actitudes, conductas y sentimientos de recelo, odio y hostilidad hacia la condición extranjera” y los “marcadores sociales” que la sustentan”.

 

Así las cosas y en sintonía con los valores de “tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad” que caracterizan a una sociedad “pluralista y no discriminatoria”, se invoca el marco internacional de derechos humanos para, sin perder de vista que estamos ante un fenómeno “complejo y cambiante”, urgir a la adopción de “políticas específicas y eficaces en sintonía con lo dispuesto en el ICERD, “marco de referencia específico” en cuestiones de “respeto a la dignidad humana”.

 

En ese contexto y de cara a procurar sustento legal y social a las personas racializadas, es decir, a todas aquellas que son “potenciales víctimas del racismo y la xenofobia”, se instituyen una serie de mecanismos de prevención entre los que se incluye la creación del Consejo Navarro para la lucha contra el Racismo y la Xenofobia, en el plazo máximo de un año desde la aprobación de esta Ley.

 

Se trata de un órgano consultivo y de participación que, bajo la presidencia del Consejero competente por razón de la materia, estará integrado por representantes de la Administración Foral, la Oficina del Defensor del Pueblo, las entidades locales, asociaciones especializadas y otras con presencia significativa de personas racializadas o de minorías étnicas.

 

En ese contexto, el Gobierno de Navarra asumirá la elaboración de un plan de lucha contra el racismo y la xenofobia que será renovado cada 5 años. A su vez, facilitará el “apoyo técnico y económico” necesario para que las entidades locales puedan configurar sus propios planes, con el fin de dar respuesta a las manifestaciones específicas de discriminación localizadas en su ámbito territorial.

 

En ese sentido, el Ejecutivo incorporará el principio de no discriminación en todas sus políticas y actuaciones administrativas y, a tal efecto, trasladará los valores de convivencia intercultural, respeto y diversidad a los ámbitos del deporte, del ocio o del tiempo libre. Con ese ánimo, para hacer real el compromiso de igualdad, se dispone la creación de un grupo de coordinación interdepartamental.

 

En la esfera educativa, el Departamento se encargará de difundir los contenidos de esta norma y asumirá la implantación de las medidas necesarias para “eliminar la segregación escolar y asegurar una distribución equitativa del alumnado en todos los niveles educativos”.

 

El proyecto de Ley se ocupa también de los medios de comunicación (públicos y privados) y las redes sociales, realidades ambas donde, sin ánimo de interferir en su independencia funcional, se fomentará la adopción de “códigos deontológicos y acuerdos de autorregulación” tendentes a promover el uso de un “lenguaje respetuoso”, también en órbita “comercial y publicitaria”.

 

Al hilo de lo apuntado, el Gobierno de Navarra pondrá en marcha campañas de pedagogía y concienciación para, entre otros, comprometer a los profesionales de la información con la “divulgación de mensajes antirracistas desde una perspectiva intercultural e intersectorial”, en cualquier supuesto contraria a los “discursos de odio”.

 

En el universo asociativo, se primará el trabajo de las entidades sociales cuyas acciones contribuyan a implementar un antirracismo “transformador, eficaz e interseccional”. Y se apoyarán programas de mentoría social (tanto entre asociaciones como entre pares), sobre todo entre mujeres, debido a su especial contribución a generar “espacios de liderazgo, seguridad y autonomía personal”.

 

En lo que a la vivienda concierne, se arbitrarán las medidas precisas para combatir la “segregación residencial”, para lo cual se difundirá (en diversos idiomas) la información necesaria sobre las medidas de protección y sanción previstas para neutralizar las prácticas discriminatorias e ilegales.

 

El reconocimiento y el apoyo institucional se llevará también al campo de la formación, en este caso de profesionales en los ámbitos laboral, de la salud, la educación, la justicia, la seguridad, la comunicación o los servicios sociales, si es necesario mediante “convenios de colaboración u otros instrumentos”. Dicha capacitación, de carácter “específico", se llevará a cabo en colaboración con los colegios profesionales y las asociaciones que trabajen en la lucha contra el racismo y la xenofobia en Navarra.

 

Del mismo modo, se instituye el Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia para, en cuanto mecanismo de protección, garantizar una respuesta integral a través de medidas de detección, amparo y reparación, también en los planos "jurídico y psicosocial".

 

En caso de que una persona alegue y aporte indicios fundados de discriminación, se aplicarán las reglas relativas a la carga de la prueba previstas en la legislación estatal y comunitaria sobre igualdad de trato. La salvaguarda frente a posibles represalias alcanzará, además de a demandantes, víctimas y testigos, a cualquier persona que pudiera verse afectada por la reacción de la parte denunciada.

 

En cuanto al régimen sancionador para la plena protección del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación por nacionalidad u origen étnico o racial, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 15/2022, donde se contemplan multas que oscilan entre los 300-10.000 euros, si la infracción es leve, hasta 40.000, en el caso de las graves, y un máximo de 500.000, si la falta es catalogada como muy grave.

 

Por último, se alude a la Justicia Restaurativa como principal herramienta de prevención y reparación frente a las consecuencias del racismo y la xenofobia. Como medidas específicas, se contemplan el impulso de un proceso de verdad y reconciliación con el pueblo gitano (con políticas de reconocimiento medibles y evaluables) y otro de desagravio y reconocimiento del daño causado por la colonización y la trata transatlántica de personas africanas esclavizadas.

 

En ese marco, se encomienda al Departamento de Políticas Migratorias el impulso de litigios estratégicos ante organismos internacionales, a los que se dará visibilidad a través de sus redes sociales y plataformas.

 

En el transcurso del debate efectuado en Comisión se han aprobado 16 de las 59 enmiendas debatidas (8 in voce), 8 a instancias de Navarra Suma, 4 a iniciativa de PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, otra a propuesta de estos junto a EH Bildu, y las 3 últimas más a sugerencia de EH Bildu. La mayoría de las modificaciones introducidas han sido de carácter técnico, bien para acotar el ámbito o el sentido de aplicación de la norma, bien para matizar la redacción del texto.

 

Una vez dictaminada, el proyecto de Ley Foral de lucha contra el racismo y la xenofobia será elevada a Pleno, previsiblemente el 30 de marzo, para su definitivo debate y votación.

 

A la sesión, presidida por Nuria Medina (G.PSN), han asistido, además, Jorge Esparza, Ángel Ansa, Iñaki Iriarte, Maribel García Malo, José Suárez, Alberto Bonilla (G.P. Navarra Suma), Virginia Magdaleno, Patricia Fanlo (G.P. PSN), Blanca Regúlez, Isabel Aranburu (G.P. Geroa Bai), Patricia Perales, Arantxa Izurdiaga (G.P. EH Bildu), Ainhoa Aznárez (A.P.F. Podemos-Ahal Dugu) y Marisa de Simón (G-Mixto Izquierda-Ezkerra).

 

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación del proyecto de Ley Foral (BOPN, n.º 14, de 30-01-2023)
• Publicación de las enmiendas de Ley Foral (BOPN, n.º 35, de 03-03-2023)