Publicada el Donnerstag, 28 de April de 2022

Se insta al Gobierno del Estado a estudiar una política de impulso a la modificación del Estatuto de Roma para incluir el ecocidio como delito internacional

Se desea actualizar el marco legal para dotar de mayor eficacia a la protección del medio ambiente, dado el aumento generalizado de ese tipo de infracciones, difíciles de enjuiciar

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y la abstención de Navarra Suma, una resolución por la que se insta al Gobierno del Estado a “estudiar una política de impulso a la modificación del Estatuto de Roma, de común acuerdo con el resto de socios europeos, como vía para incluir el reconocimiento del ecocidio como un delito internacional, así como a valorar la realización de las reformas procesales y penales congruentes con este objetivo en nuestro Derecho interno”.

 

El texto resultante es producto de una enmienda de sustitución presentada por el G.P. PSN y aceptada por la A.P.F. Podemos-Ahal Dugu, titular de la iniciativa

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el A.P.F. Podemos-Ahal Dugu repasa los avances producidos desde la Conferencia de Estocolmo (1972) hasta la firma del Protocolo de Kyoto (1997) para constatar que el “aumento generalizado de delitos ambientales” hace preciso “mejorar el funcionamiento del sistema sancionador penal, dado el elevado índice de impunidad de infracciones que,  pese a estar descritas y sometidas a penas cada vez más disuasorias, resultan difíciles de investigar y judicializar”.

 

A tal fin, para dotar de mayor eficacia a la protección del medio ambiente se reivindica la implantación del ecocidio como delito internacional, de modo que se pueda enjuiciar debidamente cualquier acto ilícito o arbitrario (culposo) perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves extensos y duraderos al medio ambiente.

 

Se trataría de actualizar el marco legal mediante la inclusión del ecocidio en el Estatuto de Roma, que es el instrumento mediante el cual se constituye la Corte Penal Internacional (CPI), para convertirlo en el quinto crimen grave que se juzga en ese ámbito (genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión). España se ha posicionado a favor pero, según aduce la proponente, aún no ha reformado sus leyes para introducir el delito de ecocidio en su legislación penal.