El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, Francisco Javier Enériz, ha presentado hoy ante el Pleno el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2020, un dossier que contempla 3.393 actuaciones, 505 más que en 2019, lo que supone un aumento del 17,5 %.

 

La labor de supervisión desplegada en 2020 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 77 sugerencias (otras 27 de índole normativo), 226 recomendaciones y 77 recordatorios de deberes legales (en total 407 decisiones). Todo ello fruto de los 5.706 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 2.582 consultas y presentar 1.416 quejas (han gestionado 1.602, incluidas los pendientes de 2019), el 65,5% admitidas a trámite. Se han practicado 866 investigaciones, 839 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 18 de oficio y 9 a propuestas ciudadanas.

 

Las diez materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, bienestar social (327), covid-19 (294), función pública (71), vivienda (68), acceso a un empleo público (63), tráfico y seguridad vial (56), educación (49), Hacienda (49), medio ambiente (49) y sanidad (49).

 

Por lo que se refiere a la primera de las materias, bienestar social, de las 327 quejas presentadas 249 tienen que ver con la protección de la infancia y la adolescencia y 22 con la protección de las familias, seguidas muy de cerca por las relacionadas con la renta garantizada (17) y, en menor medida, con los problemas que padecen las personas con discapacidad (11), sobre todo por disconformidad con el grado de discapacidad reconocido. La Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas, por el modo de gestionar la tutela de las personas incapacitadas (2) y la protección de las personas mayores de edad (3) y dependientes (4), son también objeto de quejas, al igual que la atención dispensada por los servicios sociales (4).

 

En segundo lugar se sitúan las quejas relacionadas con la pandemia causada por el coronavirus Sars-cov-2 (covid-19), con 294 quejas. Entre ellas, 35 quejas versaron sobre educación (entre otras, por considerar que no se habían adoptado suficientes medidas de prevención ante la covid-19 en la vuelta a los centros educativos en el curso 2020/2021, por considerar excesivas dichas medidas, porque no se habían adoptado medidas específicas para niños y niñas con factores de riesgo o sus familiares o por la implantación de jornada continua).

 

Además, 19 quejas mostraron su disconformidad con las sanciones impuestas por diferentes cuerpos policiales y hubo otras 6 por las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se presentaron 15 quejas sobre las limitaciones de derechos de circulación y reunión de personas, 18 se relacionaron con la atención sanitaria, y la suspensión de las visitas de familiares a residencias de personas mayores y las medidas adoptadas motivaron 10 quejas.

 

Cuestiones relacionadas con los Servicios Sociales (9), así como las relacionadas con las personas con discapacidad y tuteladas (4), menores de edad (9), y escuelas infantiles (39).

 

Las dificultades para obtener cita o ser atendido en las oficinas de la administración han generado diversas quejas (4 extranjería, 20 empleo, 12 Seguridad Social, 12 Hacienda Tributaria de Navarra).

 

13 quejas mostraron su desacuerdo con la obligatoriedad de usar mascarillas en la vía pública y en centros escolares, y 6 quejas han sido relacionadas con las medidas restrictivas adoptadas.

 

La tercera posición la ocupan las quejas relativas a la función pública, con un total de 71 quejas, de las que 18 tienen que ver con las retribuciones de los empleados públicos (complementos retributivos, ayudas familiares, etc.), también en relación al complemento de grado al personal contratado en régimen administrativo (5), y a propósito de las solicitudes de abono de salarios correspondientes al periodo de verano de varios cursos escolares (3).

 

Cuestiones asociadas a vacaciones, licencias y permisos, entre ellas cuatro relacionadas con el permiso de paternidad, bien por denegación o por disconformidad con las fechas solicitadas.

 

Además, diversos colectivos de funcionarios de la Administración Foral, tales como técnicos de enfermería (carrera profesional), colectivo de telefonistas del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (falta de promoción al nivel C). Otras cuatro quejas estaban relacionadas con el acoso laboral, tres con procedimientos disciplinarios, una con los derechos pasivos y otra con la participación sindical.

 

En cuarto lugar se sitúan las quejas referentes a vivienda (68), donde las impugnaciones (26) se refieren principalmente a la falta de adjudicación de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, fruto de la escasez del parque de alquiler, circunstancia admitida por el Departamento competente en la materia con ocasión del análisis de las quejas o actuaciones de oficio tramitadas por la oficina del Defensor del Pueblo.

 

17 quejas guardan relación con las ayudas públicas a la compra y arrendamiento de vivienda, y tres personas formularon quejas por la denegación de la renovación de la cédula de habitabilidad de sus viviendas.

 

En quinto término se sitúan las quejas referentes al acceso a un empleo público (63), la mayoría de las cuales se localizan en la Administración de la Comunidad Foral. Sobresalen las relacionadas con la exigencia de presentación del título o bachillerato a quienes se encuentran incluidos en las listas para la contratación temporal resultantes de la convocatoria para acceder a puestos de auxiliar administrativo, cuando en esta se exigió el título de graduado escolar para participar. Se denuncia también que el Departamento de Salud no valora los servicios prestados en el sector privado, y otras dos quejas mostraban su disconformidad con el requisito de ser mujer establecido por dos entidades locales para acceder a dos ofertas de contratación temporal.

 

La sexta materia objeto de quejas es tráfico y seguridad vial (56), donde se ponen en solfa cuestiones que afectan a la ordenación del tráfico y la seguridad vial (12), además de sanciones y actuaciones de la grúa (20) y la implantación de un peaje en el acceso a la NA-4104 desde la AP-15, en las inmediaciones del área de servicio de Zuasti (11).

 

En séptimo lugar figuran las quejas relativas a la materia de educación, y 13 de las 49 quejas presentadas se relacionaban con la admisión a centros en el 2º ciclo de infantil y en educación primaria y secundaria. 9 se referían a los servicios de transporte y comedor escolar, 5 con la educación secundaria, bachiller y FP, otras 5 hacían referencia a las becas de estudio y 2 a dos alumnos con necesidades especiales.

 

En octava posición se ubican las quejas sobre la Hacienda Foral (49), son mayoría las que versan sobre el IRPF. Destacan las quejas presentadas por ciudadanos disconformes con no poder practicarse determinadas deducciones o reducciones: el acogimiento de una menor, la inversión en vivienda habitual, etcétera. Otras quejas mostraron su disconformidad con que la Hacienda Foral de Navarra considerase como incremento patrimonial determinados ingresos: es el caso de dos becas de transporte concedidas para acudir a cursos dirigidos a personas en desempleo del Servicio Navarro de Empleo/Nafar Lansare, y el caso de la beca obtenida para la realización de prácticas no laborales en un país extracomunitario, o de una subvención para la adecuación de una vivienda.

 

En medio ambiente siguen predominando las quejas inherentes a ruidos por actividades de diversa índole (17 de 49), en especial los que provienen de negocios de hostelería, fábricas, paradas de autobuses urbanos, ladridos de perros u obras. Otras cuatro quejas están relacionadas con licencias de actividades clasificadas, bien por denegación de licencias, bien por falta de inspección, bien por otros motivos. La denegación o la demora en facilitar la información ambiental está presente también entre las reclamaciones (6), al igual que la recogida de residuos (8), objeto de controversia por razón de ubicación, acumulación o ruido, en este caso del servicio nocturno de recogida de basuras.

 

En décimo lugar se sitúa sanidad (49), donde la mayoría de las quejas tienen que ver con las listas de espera, sobre todo en traumatología y rehabilitación. Otras 14 quejas mostraron la disconformidad con la concreta atención sanitaria y clínica recibida en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, seis quejas se referían a la salud pública, tres a las prestaciones sanitarias y reintegro de gastos y otras tres sobre prestaciones ortoprotésicas.

 

El mayor número de las quejas presentadas en 2020 se formuló en relación con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo sus organismos públicos y sus sociedades públicas. Se presentaron 545 quejas, que representan el 38,5% del total.

 

Dirigidas a las distintas entidades locales y sus entes dependientes se registraron 311 quejas, que representan el 22% del total.

 

Le siguen las alusivas a la actuación conjunta de la Administración de la Comunidad Foral y de alguna entidad local, terreno en el que se localizan 65 quejas (4,6%).

 

Las quejas referidas a la Administración del Estado ascienden a 196, lo que supone un 13,8 % del global.

 

En cuanto al medio utilizado para la interposición de las quejas, la principal vía es ya la telemática (75%), 21 puntos por encima de 2019 merced al correo electrónico y los formularios de la web de la institución. En segundo lugar, están las quejas presenciales (23%), seguidas de las dirigidas por correo ordinario (2%).

 

Tras el estudio de las quejas se han dictado 316 resoluciones, lo cual supone un descenso de 19 respecto a 2019. El grado de aceptación de las decisiones del Defensor por parte de las Administraciones Públicas alcanza el 57,1%, algo por debajo del ejercicio anterior (67,16%).

 

Entre las administraciones públicas que no satisficieron plenamente el deber de colaboración con la institución se citan, entre otras, el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, los Ayuntamientos de Pamplona/Iruña, Aranguren, Sangüesa/Zangoza, Cintruénigo y Valle de Egüés-Eguesibar, y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de la Ribera.

 

En cuanto a las consultas (1.740), han predominado las de Covid-19, en concreto sobre sanciones impuestas a ciudadanos por infracciones graves de las restricciones de la movilidad. Las cuestiones laborales también fueron objeto de consulta, así como la preocupación que suscitó en materia educativa el retorno a las aulas tras el confinamiento y el periodo estival. Se plantearon varias consultas sobre el alcance de las limitaciones de los derechos de circulación y reunión de personas, y sobre la restricción de actividades de ocio y deportivas. En materia sanitaria, predominaron las consultas sobre la imposibilidad de contactar telefónicamente con los centros de salud, la falta de atención médica presencial y la falta de realización de test de detección. Los consumidores plantearon varias consultas sobre la cancelación de vuelos y viajes, la falta de adopción de medidas para poder volver a Navarra desde el extranjero o islas. Asimismo, varios ciudadanos formularon consultas respecto al régimen de visitas establecido en residencias de tercera edad y de discapacidad, considerando que era demasiado restrictivo y que repercutía gravemente en la salud de las personas usuarias.

 

En segundo lugar predominan las consultas en materia de bienestar social, en concreto sobre problemas relacionados con la pobreza y la exclusión social, donde se enmarcan cuestiones relacionadas con la renta garantizada, la protección de menores y la tutela por la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas.

 

En vivienda, se ha inquirido principalmente sobre las dificultades de acceso y, más en concreto, sobre los procesos de adjudicación de VPO, incluidas las ayudas, los defectos constructivos en origen y, ya con carácter general, los problemas de convivencia entre vecinos y la cédula de habitabilidad.

 

Asimismo, se formularon, por este orden de mayor a menor, consultas en las materias de: consumo, hacienda, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, urbanismo función pública, seguridad social, seguridad ciudadana, servicios públicos, tráfico y seguridad vial, acceso a un empleo público, funcionamiento de entidades locales, extranjería, responsabilidad patrimonial, trabajo, agricultura y ganadería, bienes de las administraciones públicas, obras públicas, memoria histórica, euskera, transparencia, derecho de acceso a la información pública y participación ciudadana.

 

Por otra parte, se han recibido 9 propuestas ciudadanas de mejora (son ya 329 desde que se puso en marcha esta iniciativa en 2008), referidas a actuaciones en materia educativa (atender en las escuelas infantiles al alumnado con necesidades emocionales específicas, retrasar la fecha de cierre de los colegios en junio o la aprobación de un protocolo común para la reincorporación a los centros educativos), confinamiento (permitir la salida de personas de la tercera edad), salud (modernizar las técnicas quirúrgicas de reconstrucción de tejidos en caso de úlceras por presión), familias (equiparación de familias monoparentales a las familias numerosas). También han sido objeto de atención las oposiciones de acceso a puestos de Policía Municipal de Pamplona (incluir un baremos por grupos de edad), se ha propuesto, asimismo, la creación de una banca pública similar a la desaparecida CAN, y la colocación de vallas en una zona de esparcimiento canino de Mendillorri.

 

De las nueve propuestas presentadas, tres se consideraron directamente aceptadas por la administración, dos en vías de solución, tres se consideraron no aceptadas y otra dio lugar a una sugerencia del Defensor del Pueblo de Navarra (que el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra preste apoyo a las escuelas infantiles de 0-3 años, en relación con la atención del alumnado con necesidades emocionales específicas o cualificadas), que fue aceptada.

 

En cuanto a la valoración de la situación de la infancia y la adolescencia, los datos recabados ponen de manifiesto ‑de acuerdo con la tendencia de los últimos años‑ una mejora del sistema de protección de menores. Se han mejorado los programas y recursos preventivos de preservación familiar, se ha reformado el servicio de puntos de encuentro familiar, la intensificación de los programas de acompañamiento social y terapéutico en los procesos de acogimiento familiar y adopción nacional e internacional, y la ampliación y descentralización a nivel de Área de Servicios Sociales respecto de los programas especializados de intervención familiar.

 

El número de menores atendidos en 2020 asciende a 2.243. La cifra es inferior a la del año 2019 (2.411), pero significativamente superior a la de años anteriores (1.744 menores en 2018, 1.705 menores en 2017 y 1.446 menores en 2016). Se concluye que, extinguida la situación excepcional de llegada de menores que se dio en 2019, se ha apostado por integrar la atención a este colectivo en los recursos ordinarios del sistema de protección de menores.

 

En términos generales, se aprecian descensos en las cifras de declaraciones de menores en desamparo (197 frente a los 222 de 2019), tutelados (512/574) y en situación de guarda (1.081/1.301).

 

Así las cosas, desde la oficina del Defensor del Pueblo se sugiere potenciar las líneas de actuación orientadas a favorecer la desinstitucionalización de los menores, y, en todo lo posible, reforzarlas, a fin de favorecer la permanencia en el medio familiar propio o, en su defecto, en familias de acogida. Se propone, a su vez, reforzar los recursos del sistema de protección de menores. También se observa oportuno continuar con los programas de atención a menores no acompañados, en colaboración con otras Administraciones Públicas competentes.

 

Durante el año 2020, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra elaboró dos informes a instancias de entidades locales. Uno, a solicitud del Ayuntamiento de Améscoa Baja sobre la realización de grabaciones sonoras en plenos municipales. Otro, a solicitud del Ayuntamiento de Uterga, sobre la posible desafectación de terrenos comunales en el municipio para la instalación de parques solares.

 

Asimismo, el Defensor del Pueblo de Navarra compareció en el Parlamento de Navarra en tres ocasiones, la primera con motivo de una resolución emitida en relación con la queja Q19/606, presentada por varias personas beneficiarias del programa Becas Navarra frente al Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, por la reclamación del reintegro de las cantidades económicas que les fueron concedidas. La segunda y la tercera fueron la exposición oral del resumen del informe anual correspondiente al año 2019 ante la Comisión de Régimen Foral y ante el Pleno del Parlamento de Navarra.

 

Por último, se hace constar que el Defensor del Pueblo participó en ocho sesiones del Consejo de Transparencia de Navarra y fue ponente de diez de los acuerdos adoptados por este órgano, concebido para garantizar el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, así como para velar por el cumplimiento de las obligaciones legales de publicidad activa en lo que atañe a las administraciones y entidades de Navarra.

 

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es la Institución que, por mandato del Parlamento, vela por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicos de los ciudadanos, y con esta finalidad supervisa la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra.