La comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad la creación de una Ponencia orientada al análisis de la Proposición de Ley Foral de creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

La ponencia propuesta por la A.P.F. PPN tiene por objeto “someter a un estudio detallado la articulación de la Oficina de Buenas Prácticas Anticorrupción para, dada la envergadura de la Ley y la adscripción al Parlamento de todos los órganos y mecanismos que a través de ella se crean, ahondar en los criterios técnicos y en los recursos funcionales y económicos” necesarios para su implementación.

La proposición de Ley Foral de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral fue tomada en consideración en el Pleno del pasado 29 de septiembre, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y las abstenciones de UPN y PPN.

Impulsada por los G.P. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu y la A.P.F. Izquierda-Ezkerra, la PLF pretende “fomentar el máximo grado de transparencia y buen hacer en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas o actuaciones administrativas, mediante la detección, prevención, investigación y persecución de la corrupción y demás prácticas fraudulentas en el seno de las instituciones públicas de Navarra y las sociedades y entidades participadas por estas.”

A tal fin, para “garantizar la participación ciudadana en el control eficaz de las instituciones y asegurar la rendición de cuentas de los responsables políticos ante la sociedad y sus órganos de representación”, se dispone la creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, en cuanto órgano encargado de “evitar el menoscabo moral de las instituciones, el empobrecimiento económico de la Hacienda Foral y la pérdida de calidad en los servicios públicos”.

La Oficina, que se proyecta actúe de manera coordinada con los entes de control y fiscalización ya existentes, fundamentalmente la Cámara de Comptos y el Defensor del Pueblo (les remitirá su plan anual para evitar duplicidades e interferencias), procederá de oficio o por denuncia, concluirá los procedimientos en seis meses (excepcionalmente se contempla una prórroga de otros seis) y, sin perjuicio de otros informes extraordinarios o especiales, también sujetos al principio de publicidad, presentará una memoria anual ante la Comisión de Peticiones del Parlamento, todo ello según se estipula en la proposición de Ley.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que contará con una partida independiente en los Presupuestos del Parlamento de Navarra, estará al cargo de un director/a elegido para un mandato de seis años por mayoría absoluta del Parlamento (solo podrá repetir transcurridos otros seis años), que a su vez podrá cesarlo por mayoría de tres quintos. Su designación exigirá título universitario de grado superior y más de diez años de actividad laboral o profesional y será incompatible con cualquier mandato representativo, cargo político, función administrativa, actividad profesional, mercantil o laboral, así como con cargo directivo o de asesoramiento.

La plantilla de la Oficina se completa con inspectores (encargados de la instrucción e investidos de autoridad), un formador-asesor en labores de evaluación, y personal técnico, todos ellos seleccionados por concurso-oposición con sujeción al Estatuto de la Cámara.

Entre las atribuciones del director/a de la Oficina se encuentra la relativa al régimen sancionador, que consigna infracciones leves (prescriben a los 6 meses), graves (a los dos años) o muy graves (a los tres años) y sanciones de hasta 60.000 euros. No obstante, si en el transcurso de las investigaciones se descubrieran indicios delictivos, “se dará traslado inmediato a los órganos jurisdiccionales”. El procedimiento, que podrá concluir con la emisión de recomendaciones y dictámenes, prevé a su vez “medidas de protección a las personas que denuncien conductas sospechosas o irregulares”.

La Oficina, que se encargará de gestionar el Registro de Actividades e Intereses de altos cargos y electos públicos (también de las Entidades Locales, previo convenio), deberá abordar en el plazo de un año la creación de un nuevo Código Ético y de Conducta llamado a regir el comportamiento de los miembros del Gobierno de Navarra, altos cargos, personal eventual, directivos del sector público y electos del Parlamento y la Administración Local.

En ese mismo plazo y también con rango de Ley, está prevista la creación de un Registro y Código de Conducta de Lobbies y Lobistas, dirigido a fijar límites al proceder de esos grupos con capacidad de presión sobre gobiernos o empresas, especialmente en lo tocante a decisiones políticas y económicas. Incluirá un procedimiento sancionador.

Finalmente, la proposición de Ley prevé que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción sea aprobado por el Parlamento en el plazo de seis meses desde el nombramiento del director/a de dicho ente.

A la sesión, presidida por Patxi Leuza (G.P. Geroa Bai), han asistido Javier Esparza, Iñaki Iriarte, Sánchez de Muniáin, Sergio Sayas (UPN), Koldo Martínez, Unai Hualde (Geroa Bai), Adolfo Araiz, Maiorta Ramírez (EH Bildu), Laura Pérez, Rubén Velasco (Podemos-Ahal Dugu), María Chivite, Santos Cerdán (PSN), Ana Beltrán (PPN) y José Miguel Nuin (Izquierda-Ezkerra).