El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y los votos en contra de UPN y PSN, la modificación de la Ley Foral 11/2012 de Transparencia y Gobierno Abierto, que incorpora las modificaciones necesarias para su adaptación a la normativa estatal y fija en dos años el tiempo máximo que deberán publicarse los bienes y cesantías de los altos cargos.

La Ley, tramitada por el procedimiento de urgencia, sustituye los recursos administrativos a través de los cuales la ciudadanía podía realizar impugnaciones referidas al derecho de acceso a la información pública, por la reclamación ante el Consejo de Transparencia, un órgano de nueva creación que tendrá carácter potestativo y previo a la vía judicial.

A tal fin, la Ley regula el Consejo de Transparencia de Navarra como órgano independiente que velará por el cumplimiento tanto de las obligaciones de publicidad activa por parte del Gobierno, como por el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública que obra en poder del Ejecutivo.

En este caso, “como opción más garantista”, se ha optado por habilitar un órgano específico e independiente en Navarra, en lugar de trasladar a los órganos jurisdiccionales centrales la competencia de resolución de los conflictos, ya que esto último “supondría una carga excesiva para la ciudadanía que pretenda ejercer este derecho”.

Son funciones del Consejo de Transparencia de Navarra conocer las reclamaciones contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública emanadas de la Administración y del resto de entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Roncal, así como por las Entidades Locales y su respectivo sector público.

El Consejo se ocupará, además, de informar preceptivamente de los proyectos normativos que, en materia de transparencia, desarrollen la Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto o estén relacionados con esta materia.

Además, evaluará el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de las entidades e instituciones sujetas a ley, pudiendo también formular recomendaciones.

Sin perjuicio de la reclamación ante el Consejo, se podrá dirigir una queja al Defensor del Pueblo, cuya intervención no suspenderá el transcurso de los plazos para la interposición de la reclamación o recurso contencioso-administrativo que proceda.

El Consejo presentará ante el Parlamento de Navarra una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Foral 11/2012.

El presidente del Consejo de Transparencia de Navarra será designado por el Parlamento de Navarra para un período de cuatro años no renovable, siendo necesaria mayoría absoluta.

Completarán dicho órgano cuatro miembros del Parlamento, “atendiendo a criterios de pluralidad”, un representante del Departamento competente en la materia, tres de la Federación Navarra de Municipios y Consejos, uno del Consejo de Navarra, uno de la Cámara de Comptos, otro del Defensor del Pueblo y un último de la UPNA. El procedimiento de designación de todos estos corresponderá a la institución o entidad correspondiente, que podrá además nombrar un suplente para casos de “enfermedad, ausencia o impedimento temporal”.

La segunda modificación introducida en la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto fija en un máximo de dos años, desde su cese, el periodo de tiempo en el que deben permanecer publicados en el portal del Gobierno Abierto de Navarra las retribuciones y bienes de los ex altos cargos del Ejecutivo, así como las cesantías percibidas por quienes ocuparon anteriormente estas responsabilidades.

En el transcurso del debate efectuado en Pleno se han discutido y votado 12 enmiendas, cuatro de PSN y 8 de UPN, todas ellas rechazadas con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

Entre las modificaciones planteadas por PSN se encontraba la supresión del citado Consejo de Transparencia de Navarra, por considerar que la labor que se le encomienda “ya está recogida por el Defensor del Pueblo y la Cámara de Comptos”.

En lo que al articulado respecta, PSN asegura que con el nuevo texto se cambia el silencio positivo, “donde Navarra es pionera”, por el negativo, se elimina la publicidad de los recursos administrativos que contra las resoluciones expresas o presuntas procedan y se omite la obligatoriedad de publicar la totalidad de las resoluciones, incluidas las de inadmisión, estimación o desestimación”.

PSN y UPN han coincidido a la hora de solicitar el refuerzo (de mayoría absoluta a mayoría de 3/5) de los apoyos necesarios para ser elegido presidente del Consejo de Transparencia de Navarra. Los socialistas, además, entendían innecesaria la presencia en dicho órgano de los cuatro miembros reservados al Parlamento, de los tres de la FNMC y del representante del Departamento competente en la materia. En su lugar, proponían introducir cuatro miembros de la sociedad civil y otros dos de asociaciones o colectivos de referencia en regeneración y transparencia.

UPN, por su parte, sugería reducir de dos años a un mes el tiempo máximo de publicidad de las prestaciones económicas de los ex altos cargos.

*La A.P.F. PPN no ha tomado parte en la votación, al abandonar sus dos integrantes el Pleno cuando, durante el turno de palabra de su portavoz, Ana Beltrán, los Parlamentarios del G.P. EH Bildu han protagonizado un acto de protesta, exhibiendo carteles “contra la tortura”.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación del proyecto de Ley Foral (BOPN, n.º 49, de 08-04-2016)