El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de UPN y PPN, la abstención Socialista y los votos a favor de Bildu, Aralar-Nabai, I-E y no adscritos, una moción para exigir al Gobierno de Navarra que “no subvencione las enseñanzas que se imparten en los centros educativos privados que separan al alumnado en aulas diferentes por razón de sexo, en cumplimiento de la Ley Foral 17/2012, de 19 de octubre, de modificación de la Ley Foral 11/1998, de 3 de julio, que regula la financiación pública de los Centros de Iniciativa Social que imparten las enseñanzas de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Programas de Garantía Social”.

La moción desestimada incluía un segundo punto, rechazado con los votos en contra de UPN y PPN y la abstención de los no adscritos, emplazando al Ejecutivo Foral a que “retire los conciertos a los centros privados que seleccionen al alumnado por razón de religión, sexo, capacidad o cualquier otra circunstancia individual del alumnado o sus familias”.

Del mismo modo, con la oposición de UPN, PPN y no adscritos, ha decaído la intención de instar al Gobierno de Navarra a “no aumentar las unidades concertadas en los centros educativos de titularidad privada”.

Los no adscritos han presentado una enmienda de supresión de los apartados dos y tres que no ha sido aceptada por I-E, titular de la iniciativa, al entender que no procede canalizar esta cuestión a través de “denuncias en los tribunales” por discriminación, en este caso por razón de sexo, tal y como proponían los enmendantes.

En la exposición de motivos, la moción impulsada por el G.P. Izquierda-Ezkerra se remitía a la Ley Foral 17/2012, de 19 de octubre, de modificación de la Ley Foral 11/1998, de 3 de julio, que regula la financiación pública de los Centros de Iniciativa Social que imparten las enseñanzas de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Programas de Garantía Social, que “prohíbe los conciertos educativos con centros que segregan por razón de sexo”.

En ese sentido, se censuraba la actitud del Departamento de Educación, porque “no solo mantiene los conciertos firmados antes de la entrada en vigor de esta ley, sino que renueva los que finalizan y aumentan paulatinamente las unidades concertadas”.

A decir del proponente, esta política de conciertos ha dado lugar a una organización escolar en la que la red pública aparece “supeditada a la oferta privada y, por lo tanto, a los intereses de determinados grupos sociales y empresas”.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 113, de 24-10-2014)