El Salón de Plenos ha acogido hoy la celebración de un Pleno que, organizado con motivo de la festividad del ‘Día de Navarra’, ha tenido como protagonistas a organizaciones del ámbito de la economía social, quienes han debatido y votado 50 propuestas relativas a la situación del sector.

La sesión, que ha contado con la participación de cuatro entidades y la confederación empresarial en que se integran, ha girado alrededor de las demandas y reflexiones de los distintos representantes de este marco productivo, ya sea a propósito de la realidad global o de su posición a nivel local.

El debate ha estado precedido de una intervención del Presidente, en la que ha puesto de relieve la aportación de un sector que, “por su forma de emprender, generar riqueza y contribuir a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades, representa uno de los pilares sobre los que debe apoyarse la reactivación económica”.

Alberto Catalán ha elogiado el comportamiento del sector de la economía social porque, “en una época marcada por la destrucción de empresas y puestos de trabajo, encontramos un tramo que ha sabido esquivar la embestida de la crisis creciendo y dando estabilidad a colectivos de difícil empleabilidad como los de las personas discapacitadas o en riesgo de exclusión”.

Abundando en lo dicho, el Presidente ha puesto en valor la apuesta por el desarrollo de determinados servicios que, caso de la “atención a la dependencia o la educación, contribuyen al desarrollo humano sostenible, canalizando a su vez el emprendimiento y el autoempleo colectivo, todo en aras a un mundo mejor”.

Así, con el ánimo de “conocer las perspectivas de futuro” de un entramado empresarial tan “importante y comprometido con la realidad social”, Alberto Catalán ha dado paso a la representación de 6.200 trabajadores y 25.000 socios pertenecientes a las 365 empresas y entidades agrupadas en CEPES Navarra. “Hoy, más que nunca, el Parlamento quiere ser la voz de esta parcela socioeconómica tan relevante para Navarra y el conjunto de España”.

Seguidamente, se ha abordado el debate de las 50 propuestas que, sobre la situación actual del sector de la economía social en Navarra, han defendido los portavoces de los cinco organismos presentes en el Salón de Plenos.

José María Martínez, presidente de CEPES-Navarra, ha llamado a “valorar la contribución diferencial de la economía social al empleo”, a su parecer plasmada en la “creación, mantenimiento y dignificación de un modelo diferente, más solidario, inclusivo y vinculado a nuestra tierra, un empleo, en definitiva, de personas y no de recursos humanos”.

A tal objeto, ha solicitado el “impulso de una estrategia conjunta que incluya, entre otros, políticas de promoción, medidas de colaboración y participación público-privada, reserva de mercado para Centros de Inserción Sociolaboral y Centros Especiales de Empleo, máxima agilidad administrativa y una interlocución única que permita coordinar actividades y recursos”.

Ignacio Ugalde (ANEL) se ha dirigido a sus señorías para constatar la necesidad de “revisar la Ley de Cooperativas de Navarra, a fin de captar emprendedores y facilitar la cooperación entre las empresas del sector, como estrategia de crecimiento y mejora de la competitividad ”.

En ese sentido, ha demandado “apoyo para procesos de reconversión y transformación de empresas en crisis o con dificultades de sucesión”, en el marco de un plan que, orientado a la preservación del empleo, contemple facilidades de financiación a través de un mecanismo de avales que permita compartir riesgos entre Gobierno de Navarra, Sociedades de Garantía Recíproca y entidades bancarias”.

De un modo específico y en clara alusión a la Ley Borloo de Francia, ha urgido a “incentivar” el sector de servicios a las personas, para lo cual ha propuesto la creación de un “cheque servicio” dirigido a canalizar las ayudas a la dependencia hacia la “contratación de empresas homologadas por la Administración, cuyos servicios desgraven en el IRPF del contratante”.

Jesús Cía (CIS) ha emplazado a elaborar un “Programa Operativo que fije la política de cohesión para el período 2014-20, de cara a complementar las líneas de apoyo a los CIS provenientes del Fondo Social Europeo”. Además, se pretende “mantener y fortalecer la Comisión de Apoyo al Empleo Protegido” creada en 2011, trasladar a un Decreto Foral la regulación acordada con el SNE y establecer una convocatoria exclusiva de inversiones para 2014, que permita a los CIS responder a las exigencias del mercado y, por tanto, perpetuar el empleo, la mejor herramienta de inclusión”. Asimismo, “requerimos se haga efectiva la reserva del 6% en los procedimientos de adjudicación de contratos. La economía no es lo primero, las personas estamos por delante”.

Mikel Archanco (Asociación Fundaciones de Navarra) ha exhortado a las diferentes administraciones a incentivar la creación de Fundaciones, por tratarse de una “nueva vía de emprendimiento más equitativo, justo y solidario”. Para ello, se propone modificar el régimen tributario de fundaciones y actividades de patrocinio, “garantizando una dotación inicial adecuada y suficiente para el cumplimiento de sus fines”. En ese apartado, se reclama la “exención por plusvalías financieras, ya que el actual gravamen supone un agravio fiscal respecto al resto del Estado”.

Del mismo modo, animan a “estimular la participación de la sociedad civil y el tejido empresarial navarro en la promoción y financiación de proyectos de interés social”, para lo cual estiman conveniente “revisar la ley del voluntariado, a fin de facilitar la captación y protección de las personas dispuestas a colaborar”.

Finalmente, José María Martínez, esta vez como presidente de UCAN, ha reclamado “medidas tendentes a equilibrar la cadena de valor agroalimentaria”, como mejor manera de hacer frente al “abuso del oligopolio de las grandes distribuidoras”. En esa línea, ha solicitado “impedir el acceso al mercado de productos de terceros países que no cumplan los requisitos exigidos en la Unión Europea en materias higiénico-sanitaria, medioambiental, laboral y social”.

En el terreno normativo, ha abogado por un nuevo Plan de Integración Cooperativa Agroalimentaria de Navarra que, “con dotación presupuestaria suficiente para los cuatro próximos años, permita reabrir convocatorias de ayudas a la inversión o establecer avales (financiación puente) para las ayudas pendientes, avanzando así en la necesaria reestructuración”.

Martínez ha cerrado su intervención subrayando la aportación del cooperativismo agrario a la “redistribución de la riqueza con un criterio social. No sólo no deslocalizamos, sino que, aunque en la práctica no se nos considere prioritarios, que es lo que necesitaríamos, seguimos creando empleo”.

Agotadas las intervenciones, se ha procedido a la votación conjunta de las propuestas de resolución, cuyo resultado, al borde de la unanimidad (66 votos a favor y una abstención), ha sido proclamado por la Secretaria de la Mesa del Parlamento, Maite Esporrín.

Seguidamente, el Alberto Catalán ha levantado la sesión, no sin antes “reivindicar los principios que sustentan el modelo de la economía social, ejemplo de trabajo colectivo y responsabilidad compartida, prototipo de un capital humano que se nos antoja básico para la Navarra que queremos construir”.

La relación de asociaciones participantes ha sido la siguiente: Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL), Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN), Centros de Inserción Socio laboral (CIS) y Asociación Fundaciones de Navarra. Las cuatro están integradas en CEPES-Navarra, confederación empresarial que agrupa a las organizaciones representativas de las diferentes familias de la Economía Social de Navarra.

CEPES-Navarra está integrada en la Confederación Española de la Economía Social, cuyo carácter intersectorial la convierte en su máxima institución representativa, con más de 42.680 empresas, 2,5 millones de puestos de trabajo y 15 millones de personas asociadas.

La sesión ha contado con la asistencia representantes de todos los grupos parlamentarios, así como del Consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli.