La Comisión de Políticas Sociales ha visitado hoy la Residencia Santo Domingo de Estella, un centro geriátrico de “válidos con dependencia social” cuya propiedad y gestión corresponde al Gobierno de Navarra.

Los Parlamentarios que han asistido han sido José Antonio Rapún, Ramón Casado, Esteban Garijo (G.P. UPN), María Victoria Arraiza (G.P.SN), Maiorga Ramírez (G.P. Bildu), Nekane Pérez (G.P. Aralar-Nabai), Amaya Zarranz (G.P. PPN) y Patxi Leuza (no adscrito).

El objeto de la visita, solicitada por UPN, SN, Bildu, Aralar-Nabai, PPN, I-E y los no adscritos, ha sido “conocer in situ dichas instalaciones y mantener una reunión con responsables del centro y trabajadores”.

La delegación del Legislativo ha sido recibida por Maite Escostegui, directora, Mari Carmen López, gobernanta, Maite Martínez, secretaria, José Ángel Izcue, responsable de mantenimiento, Ernesto Zudaire, servicios generales, Ana Arnedillo y Chon Barbarin, delegados sindicales e Irache Ojer, subdirectora de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas.

A continuación, los Parlamentarios han realizado un recorrido guiado por las distintas dependencias y, acompañados por miembros del equipo directivo, han comprobado los “problemas de accesibilidad” de un centro que, en funcionamiento desde noviembre de 1980, atiende a 84 residentes (hay unas 16 plazas vacantes) con una plantilla de 66 trabajadores.

Seguidamente, ha tenido lugar un encuentro en el que Maite Escostegui ha explicado las características prestacionales de Santo Domingo, un centro geriátrico de atención residencial permanente destinado a procurar “atención sociosanitaria interprofesional. Se persigue el desarrollo personal en el marco de un plan general de intervención en el que conviven, ya sea de manera temporal o permanente, personas mayores con algún grado de dependencia”.

Para hace frente a esa tarea, la residencia cuenta con 20 cuidadores, 23 empleados de servicios generales y 6 de cocina. Además, disponen de un médico, cuatro enfermeras, un terapeuta ocupacional, un fisio, una trabajadora social y tres técnicos de mantenimiento, servicios múltiples y administración”.

La directora de Santo Domingo se ha referido también a los condicionantes propios de una residencia “grande, poco funcional y mediatizada desde el principio por el hecho de haber sido concebida para personas válidas. Es obvio que no está adaptada a las necesidades de ancianos dependientes y ahí estriba el principal inconveniente. Tenemos plazas libres porque, con el perfil que se requiere, resultan muy difíciles de cubrir”.

Irache Ojer, por su parte, ha asegurado que la “solución real pasa por levantar un nuevo centro. Ha habido diversos proyectos sobre la mesa, pero ni el traslado a Santa Clara, ni la ampliación hacia atrás, ni la unificación con San Jerónimo, ni la construcción de una nueva residencia han prosperado porque, impedimentos técnicos al margen (cualquier reforma necesita el visto bueno de Príncipe de Viana), chocamos siempre con el tema económico”.

Abundando en lo dicho, la subdirectora de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, órgano encargado de la atención a mayores, discapacitados y enfermos mentales, ha insistido en que Santo Domingo es un centro “muy complicado de gestionar. Esto es así desde hace 15 años. Aquí nos ocupamos de las personas más desfavorecidas, que al final resultan las más olvidadas. Tratamos de paliar la ausencia de infraestructuras con calidad humana, esa es la gran diferencia respecto a San José y El Vergel”, ha significado.

En otro orden de cosas, José Ángel Izcue ha denunciado la insuficiencia del transporte urbano, pese a tratarse de un servicio “financiado por el Gobierno de Navarra (65%), el Ayuntamiento de Estella (21%) y el resto de consistorios de la zona (14%). No atienden nuestra demanda, sólo suben dos días a la semana y eso, con 100 escaleras de por medio, condena a muchos residentes a no moverse de aquí. Dejar que mande la empresa privada con dinero público es un delito político”.

En su turno de intervención, todos los portavoces han coincidido en las limitaciones que, a nivel de accesibilidad, presenta Santo Domingo. En ese sentido, Amaya Zarranz ha corroborado la falta de adaptación de la Residencia a los requerimientos de los residentes y María Victoria Arraiza ha apuntado que “parece claro que la primera gran inversión de Políticas Sociales debería de ser aquí”.

Antes de concluir, la directora se ha dirigido a los Parlamentarios para reclamarles que “aúnen esfuerzos y salden la deuda con Estella, con este edificio, con las necesidades prestacionales que existen. Ojalá por una vez prime el interés general”.