El Parlamento de Navarra ha acogido hoy la presentación del Informe 2011 sobre Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad en España. Se trata de una memoria que, elaborada por la Fundación Derecho y Discapacidad, analiza la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo contenido, según ha recordado Alberto Catalán, la Cámara se comprometió a difundir en septiembre de 2008.

El acto ha tenido lugar en la Sala Polivalente de la Cámara y ha contado con la participación de Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Fundación Derecho y Discapacidad; María Jesús Aranda, miembro del patronato y ex Defensora del Pueblo de Navarra; y Gloria Álvarez, patrona y coordinadora general de la Fundación.

La apertura del acto ha corrido a cargo del Presidente, Alberto Catalán, quien se ha mostrado encantado de abrir el Parlamento, “expresión de la voluntad de los navarros y de su compromiso social con un mundo más justo equitativo”, a la presentación de un trabajo que evoca la implicación decidida e irreversible del Legislativo con la satisfacción del principio de igualdad de oportunidades.

A ese respecto, Catalán ha subrayado la idoneidad del lugar escogido para dar a conocer el Informe, no en vano “estamos en el foro donde se discuten y aprueban las leyes que posibilitan el ejercicio de los derechos de todas las personas, sin excepción, con independencia de sus capacidades físicas e intelectuales”.

El Presidente ha saludado la iniciativa de la Fundación Derecho y Discapacidad, ha llamado a continuar avanzando por la senda de la equidad y ha aprovechado la ocasión para “felicitar” a la ONCE por la concesión de la Medalla de Oro de Navarra, una distinción que viene a “reconocer su gran trayectoria y enorme contribución al desarrollo humano y social de este viejo Reyno”.

A renglón seguido, María Jesús Aranda, miembro del patronato y ex Defensora del Pueblo de Navarra, ha asegurado que la Fundación pretende ser un “instrumento especializado de Derecho dirigido a la mentalización e impulso de cuantas reformas normativas sean necesarias para hacer efectiva la igualdad”.

Gloria Álvarez, patrona y coordinadora general de la Fundación, se ha referido al Informe 2011 y, a ese respecto, ha avanzado que el objetivo es contar con una herramienta consolidada de “medición, evaluación y análisis” que sirva como “propuesta de acción y fuente de ideas” en favor del colectivo de discapacitados, “incluidas sus familias”.

Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y máximo exponente de la Fundación, ha abogado por resolver el actual divorcio entre “derecho y discapacidad. Partimos de que, ahora mismo, el acceso a los bienes sociales básicos en igualdad de condiciones no es un hecho. El Derecho es un instrumento esencial para salir de esta situación de marginación que afecta a uno de cada cuatro hogares españoles. Buscamos un modelo de sociedad que, frente a otros anteriores, de índole caritativa, asistencial o meramente declarativos, integre la discapacidad”.

Agotadas las intervenciones, el Presidente ha cerrado la presentación llamando a redoblar esfuerzos por, atendiendo al actual momento de “crisis y dificultad”, evitar la consolidación de “ciudadanos de primera y segunda”. Para ello ha invocado a la responsabilidad de los agentes económicos y sociales, a quienes ha recordado que el “progreso será menos real y efectivo mientras perduren barreras físicas, psicológicas y sociales de cualquier índole. Desde aquí nuestra condena a toda vulneración del derecho fundamental a la no discriminación”, ha corroborado.

La Fundación Derecho y Discapacidad es una entidad no lucrativa de ámbito estatal, creada en 2010 para investigar, difundir y proyectar una visión de la discapacidad en clave de derechos humanos y libertades fundamentales.

El Informe 2011 sobre la Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad en España contiene una reflexión sobre el impacto que la aguda crisis del momento está ocasionando en las personas con discapacidad y sus familias. A su vez, incorpora un análisis cualitativo de las reformas e iniciativas que atañen a la discapacidad en los diferentes sectores de nuestro ordenamiento legal. Y, además, aporta un informe jurisprudencial, que no es sino un seguimiento de la repercusión de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestros tribunales.