La comisión de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior ha aprobado hoy, por unanimidad, el informe de conclusiones elaborado por la ponencia para el estudio de la situación actual de la atención a las víctimas del 36 en Navarra. Incluye tres votos particulares, firmados por SN e I-E, Bildu y Aralar-Nabai, en los que se propone su tramitación como Ley Foral.
 

Constituida el 28 de marzo de 2012 a iniciativa de los grupos parlamentarios Socialistas de Navarra e Izquierda-Ezkerra, la ponencia se ha centrado en la observación de medidas de “apoyo, reparación, recuerdo y justicia” susceptibles de contribuir a “recuperar la memoria histórica de las más de 3.260 personas asesinadas en Navarra a raíz del golpe del 36”, también en lo tocante a la “localización y exhumación” de sus restos.
 

Las deliberaciones han girado en torno a posibles actuaciones de “protección y búsqueda” de las personas, así como de reconocimiento de las “necesidades y demandas de las familias y asociaciones de víctimas del franquismo”, todo ello con el fin de solventar un “problema colectivo de memoria democrática”.
 

El informe concluye que, transcurridos más de 75 años desde el Golpe militar que dio origen a la Guerra Civil del 36, “todavía pueden adoptarse medidas para dar cumplida y definitiva respuesta” a los requerimientos de los ciudadanos que padecieron más directamente sus consecuencias. A ese respecto, se aconseja disponer de una “unidad administrativa” de referencia que opere como “oficina de atención” a los damnificados
 

A su vez, el Parlamento “mantiene la necesidad de honrar y recuperar la memoria” de los agraviados y declara el “derecho de toda persona a localizar a sus familiares desaparecidos”. A tal objeto, llama al Gobierno de Navarra y al resto de Administraciones Públicas a “facilitar la exhumación, identificación y enterramiento de las víctimas”, colaborando de forma “ágil y eficaz” con los parientes.
 

La Cámara valora “muy positivamente” la aprobación del Protocolo de exhumaciones y el Mapa de Fosas y solicita la continuidad del convenio que, para la creación de un fondo documental de carácter científico dedicado al estudio de todo lo relativo a la Guerra Civil, suscribió en 2009 con la UPNA. Para ello, para “completar y divulgar” los trabajos e integrarlos con la debida “objetividad en el sistema educativo”, se demandan recursos adecuados y suficientes.
 

Por otra parte y en lo concerniente a aquellos lugares de “especial relevancia” en relación a las víctimas del 36, el Legislativo Foral reclama un tratamiento apropiado para espacios como el Fuerte San Cristóbal o el denominado cementerio de las botellas, sugiriéndose la creación de un espacio para el “enterramiento de víctimas no identificadas” en el cementerio de Pamplona.
 

Especial mención merece el Parque de la Memoria de Sartaguda, un “referente” moral que, en cuanto “símbolo de recuerdo y homenaje”, requeriría de un acuerdo entre las asociaciones promotoras, el Ayuntamiento local y el Ejecutivo Foral, de cara a su oportuno “desarrollo y señalización”, marco éste en el que se incluye la programación de actividades específicas en “homenaje a las viudas”.
 

El informe de la ponencia concluye ratificando la vigencia de la Ley Foral 24/2003 de Símbolos de Navarra y, por tanto, reiterando la necesidad de retirar cualquier resto de simbología “ofensiva” para las víctimas del 36.
 

Para el efectivo cumplimiento de los compromisos recogidos en el estudio, se asegura que los Presupuestos Generales de Navarra contarán anualmente con la “dotación presupuestaria adecuada”.

Votos particulares
El voto particular insertado a instancias de SN e I-E se hace eco del interés de la Asociación de Familiares de Fusilados por “apoyar la investigación de los crímenes del franquismo”, citándose como ejemplo la emprendida por una jueza argentina. También se solicita la anulación de los juicios del franquismo y la apertura de una Comisión de la Verdad.
 

Bildu, por su parte, interpreta el “consenso” alcanzado en el seno de la ponencia como un “hito en el proceso de reconocimiento institucional”.
 

Aralar-Nabai, sin embargo, habla de un acuerdo de “mínimos” fruto de resultados “escasos e inconcretos”.
 

En lo que sí coinciden los tres votos particulares es en reclamar la tramitación de una Ley Foral que “recoja y garantice”, mediante su conversión en “derechos reconocidos”, todos los aspectos reflejados en el informe. Según se constata, se trata de evitar que quede reducido a una mera “declaración de intenciones”.

Aportaciones de asociaciones y particulares
Bajo la presidencia de Pedro Rascón (SN), la ponencia ha estado integrada por Javier Caballero (UPN), Víctor Rubio (Bildu), Xabier Lasa (Aralar-Nabai), Eloy Villanueva (PPN) y Txema Mauleón (I-E).
 

En el curso de sus trabajos, han recabado valoraciones y propuestas de diferentes personas, asociaciones. y entidades, entre las que se encuentran la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda, Asociación del Autobús de la Memoria, Asociación Txinparta, Sociedad de Ciencias Aranzadi. Empresa Pública Trabajos Catastrales de Navarra (TRACASA), Universidad Pública de Navarra, así como testimonios de particulares y familiares de las víctimas.
 

A la sesión, presidida por Asun Fernández de Garaialde (Aralar-Nabai), han asistido, por el G.P. UPN, Javier Caballero, Carlos García Adanero, Begoña Sanzberro, Coro Gainza, Carmen Ferrer y Antonio Pérez Prados; por el G.P. SN, Juan José Lizarbe, Pedro Rascón y Carmen Ochoa; por el G.P. Nabai, Xabier Lasa; por el G.P. Bildu, Víctor Rubio y Koldo Amezketa; por el G.P. PPN, Eloy Villanueva; y por el G.P. Izquierda-Ezkerra, Txema Mauleón.