El Parlamento de Navarra manifiesta su “rechazo ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes, elevando este acuerdo al Gobierno Central”.

Se insta al Gobierno de España a que el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contemplado en el artículo 318. bis del anteproyecto de reforma del Código Penal, castigue exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico de personas, excluyendo expresamente aquellas actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria.

La Cámara expresa su voluntad de seguir trabajando en la promoción de la convivencia social, con independencia de la nacionalidad o situación administrativa de las personas que viven en nuestra comunidad.