El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de SN, Bildu, Nabai, I-E y los dos parlamentarios no adscritos y las abstenciones de UPN y PPN, una resolución por la que la Cámara “solicita la inmediata remodelación de este servicio, de tal manera que permita obtener mejores resultados ante tan difíciles situaciones”.

La resolución aprobada incluye un segundo en el que, con los mismos apoyos, se insta al Ejecutivo Foral a “entablar negociaciones con las entidades financieras para que, ante impagos de hipotecas de ciudadanos que se han visto abocados a una situación de desempleo, se tomen las medidas necesarias para no ponerles en mora ni para iniciar acciones contra ellos, medidas que eviten los desahucios”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado al que se ha sumado UPN, se exhorta al Gobierno de España a “realizar las modificaciones normativas necesarias para poner fin a la situación de desprotección a la que se ven abocadas las familias y deudores hipotecarios”, de modo que “al menos permitan adoptar” las siguientes medidas:

“Se suspenderán durante tres años las ejecuciones y lanzamientos sobre viviendas habituales y locales de negocio de colectivos en situaciones económicas especialmente adversas, que han sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y cuya cuota hipotecaria sobre su única vivienda o local de negocio supera el 50% de sus ingresos netos.

Equilibrarán la posición del deudor con el acreedor hipotecario respecto a la existencia de cláusulas abusivas: tasaciones de vivienda nunca inferiores al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo, los abusos en los procedimientos de subastas, los intereses de demora y el sobreendeudamiento.

Procedimiento extrajudicial previo al concursal para dar solución al sobreendeudamiento sobrevenido no doloso de las personas, a través de un Convenio de Acreedores con Intervención Notarial, disponiendo la imposibilidad de iniciar la ejecución hipotecaria sobre la vivienda o local del deudor durante la sustanciación tanto del procedimiento extrajudicial como del judicial (en otros países recibe el nombre de segunda oportunidad).

Ampliar las garantías en el código de buenas prácticas regulado por el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, haciendo obligatoria la adhesión de todas las entidades de crédito al código, que tendrá carácter permanente y contempla medidas para la reestructuración de la deuda, la quita en el capital pendiente, de amortización, la dación en pago y el arrendamiento de la vivienda objeto de dación. Ampliando también el umbral de exclusión, permitiendo acogerse a aquellas familias que perciben rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas que no superen tres veces el IPREM, elevando los límites de los precios de adquisición de viviendas hipotecadas, a efectos de la aplicación del código de buenas prácticas y se rebaja al 50% el porcentaje que debe suponer la cuota hipotecaria sobre los ingresos netos familiares y limitando al 2% el incremento de los intereses de demora sobre el capital pendiente del préstamo de estos deudores.

Creación de un parque público de alquiler social para garantizar el derecho a la vivienda, con un precio acorde a las circunstancias económicas y familiares, a las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio. Así como una línea de crédito, a través del Instituto de Crédito Oficial, que facilite el pago de las deudas de los afectados por estos procesos.

Otras como la exención de tasas judiciales para todas las personas físicas, deudoras o garantes, en todos los procesos mencionados, la reducción a la mitad de los honorarios notariales relacionados con estas materias y la limitación de los tipos de intereses en los contratos de préstamo o crédito hipotecario en los que la garantía sea la vivienda habitual o el local de negocio en el que el trabajador autónomo ejerza su actividad”.

La resolución aprobada incluye otros tres puntos, añadidos a partir de una enmienda in voce de adición presentada por Aralar-Nabai y aceptada por SN, titular de la iniciativa. Han votado a favor todos, salvo UPN y PPN, que se han abstenido.

Por una parte, el Parlamento “manifiesta expresamente su apoyo a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular que está siendo impulsada por las Plataformas de Afectados por las Hipotecas y a la cual se han adherido, mediante firma, un buen número de ciudadanos/as de Navarra”.

Por otra, se insta al Gobierno de Navarra a “promover la regulación en las materias fiscales y otras de competencias de Navarra en cuando a la dación en pago como medida para liquidación de las obligaciones de los propietarios/as de las viviendas hipotecarias”.

Y además, se llama al Ejecutivo Foral a “estudiar la solución de los casos de desahucio de alquileres en VINSA que se están ya produciendo”. UPN se ha abstenido.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Socialistas de Navarra alude a los “escasos resultados” obtenidos a través del Servicio de Mediación que, para atender a los ciudadanos que no pueden pagar la hipoteca, estableció el Gobierno de Navarra desde Consumo y Arbitraje, y acredita la necesidad de una nueva estrategia capaz de paliar las “dramáticas” consecuencias de los desahucios, que “en Navarra alcanzan la cifra de 685”.

· www.parlamento-navarra.es
· Publicación de la moción (BOPN, n.º 10, de 25-01-2013)