Publicada el Donnerstag, 11 de Oktober de 2012

Aprobada una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a presentar el nuevo Plan de conciertos y derivaciones en el ámbito sanitario con entidades privadas


El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy una Resolución por la que “se insta al Gobierno de Navarra a presentar, en el plazo de un mes desde la aprobación de esta moción, el nuevo Plan de conciertos y derivaciones en el ámbito sanitario con entidades privadas ya anunciado, que analice las necesidades reales del sistema público, así como el cálculo económico de la posible utilización de los recursos destinados a entes privados para ampliar el servicio de la red pública”.

En la Resolución aprobada, el Parlamento de Navarra insta asimismo al Gobierno de Navarra “a elaborar y presentar un informe, dentro del citado Plan de Conciertos, que analice exhaustivamente, tal como recomienda la Cámara de Comptos, la razonabilidad de mantener externalizada la prestación sanitaria primaria y especializada por la Universidad de Navarra a sus trabajadores y trabajadoras”.

Finalmente el tercer punto de la Resolución aprobada insta al Gobierno de Navarra “a elaborar, antes de firmar una nueva prórroga del concierto para 2013, un plan de incorporación gradual de este colectivo al SNS-O, que tenga como plazo máximo diciembre de 2013”.

Han votado a favor de la Resolución aprobada los Grupos Parlamentarios SN, NaBai, Bildu-Nafarroa e I-E; en contra han votado los Grupos Parlamentarios UPN y PP.

En la exposición de motivos de la moción presentada por los Parlamentarios Forales: Patxi Zabaleta Zabaleta, Bakartxo Ruiz Jaso y Marisa de Simón Caballero, se justificaba la propuesta en estos términos: “El Departamento de Salud ha consignado más de 50 millones de euros en 2011 en conciertos y derivaciones sanitarias, 50 millones que se han dedicado a pagar a centros privados por actividades que se podrían realizar mayoritariamente en el SNS-O, si se dotara al sistema público de los recursos necesarios.
La propia Cámara de Comptos ha señalado en diversos informes que el presunto ahorro que desde el Departamento de Salud se alega para este tipo de conciertos y derivaciones no es razonable, que no está debidamente justificado y que incluso “puede haber desahorro”. En cambio, la inversión de esos 50 millones de euros en el sistema público podría generar unos 1.000 puestos de trabajo.
El Departamento de Salud, ya en septiembre de 2011 y en el marco del “Plan de Ajuste” diseñado para recortar en el gasto sanitario, se comprometió a revisar y reducir los conciertos y derivaciones con entidades privadas. Pero en los Presupuestos Generales de 2012 la reducción de estas partidas ha sido testimonial. En este contexto, hace meses que el departamento, en teoría, está elaborando un nuevo plan de conciertos y derivaciones, que analizará las necesidades del sistema sanitario y que presumiblemente revisará a la baja estos conciertos y convenios. No obstante, todavía no tenemos noticia alguna sobre este plan, que tendría incidencia directa en la elaboración presupuestaria.
En el caso de CUN, además, existe un concierto específico para la prestación voluntaria de la asistencia sanitaria a sus trabajadores y trabajadoras y sus familias.
A este respecto, la Cámara de Comptos emitió en agosto de 2009 un informe fiscalización sobre el “contrato para la prestación de asistencia sanitaria por la Universidad de Navarra a determinados colectivos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea”, que entró en vigor en mayo de 2008 y finalizaba el 31 de diciembre de 2011.
El informe exponía que en el expediente de contratación, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea indicaba que, en las condiciones de aquel momento, la red pública foral no podía asumir la gestión de tal servicio sin mermar la calidad asistencial del resto de usuarios, por lo que se proponía convenir con la Universidad de Navarra, mediante el correspondiente contrato de asistencia, tal prestación sanitaria. En todo caso, es constatable que no existía ningún tipo de informe que avalara esas aseveraciones.
En las conclusiones del citado informe de la Cámara de Comptos, se señalaba literalmente que “convendría haber reforzado la justificación sobre la satisfacción del interés público, especialmente en lo referido a la imposibilidad material de prestar tal servicio con medios públicos propios y/o el coste que el mismo conllevaría”.
Y es muy significativa también la recomendación final: “Esta Cámara de Comptos recomienda que los servicios del SNS-O, antes de la finalización del presente contrato y teniendo en cuenta los resultados efectivos del mismo, su coste y el resto de circunstancias objetivas que le afectan, analicen la razonabilidad de mantener externalizada desde 2012 la prestación sanitaria de este colectivo de personas”.
Estas recomendaciones cobraban más fuerza, si cabe, tras los dos últimos informes emitidos por esta misma institución en octubre de 2011 respecto a los conciertos y derivaciones en el ámbito sanitario, ya que los argumentos que se han utilizado para justificar estas actuaciones están cada vez más en entredicho.
Respecto al coste de este convenio, en 2008 el gasto que supuso para las arcas públicas fue de 3,3 millones de euros. Tres años más tarde, en el presupuesto de 2011, se le destinaron 5,6 millones de euros. A finales de ese año 2011 se extinguió el convenio y el Departamento firmó una prórroga para un año en forma de concierto, prorrogable hasta 2014. Y en este primer año de la prórroga, 2012, se han consignado 5,3 millones de euros para atender a este colectivo de 6.941 personas.
Según Salud, el importe anual por cada beneficiario es de 781 euros, frente al gasto medio por habitante en la red pública que el Departamento cifra en 1.016 euros. Un argumento falaz, y de gran calado ideológico, que es esgrimido habitualmente por el Gobierno de Navarra, que intenta hacernos creer que lo privado es más barato que lo público, algo totalmente incierto y que la propia Cámara de Comptos ha dejado en evidencia en sus informes”.

www.parlamentodenavarra.es
Publicación moción (BOPN nº 72, 17 de septiembre de 2012)