Aprobada una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a modificar el plazo de información pública del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2010-17 y presentar un plan de información y participación pública
El G.P. SPN alega que el Ejecutivo ha evitado promover la participación pública para la "actualización y realización" de un Plan para el que "ha dispuesto de 6 años"
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, SPN, CDN e IUN-NEB y la abstención de Nabai, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “modificar, ampliándolo, el plazo de información pública del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2010-17.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se insta al Ejecutivo Foral “presentar, en el plazo de 20 días, un plan de información y participación pública que se ajuste al espíritu y letra de la normativa aplicable en la Directiva de Residuos, la Directiva de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y toda la normativa europea y estatal en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente”.
La moción incluía un tercer apartado, rechazado con los votos en contra de UPN, la abstención de Nabai y los votos a favor de SPN y CDN, para instar al Gobierno de Navarra a la “elaboración de un documento divulgativo de síntesis de las propuestas técnicas relativas al plan de residuos, que facilitase la información y la participación pública”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. SPN estima que el Gobierno de Navarra “no ha cumplido buenas prácticas en el procedimiento de información y participación pública”, ya que se ha limitado a “aprobar inicialmente” (17-5-10) el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2010-17 y a “someterlo, junto con el Estudio de Incidencia Ambiental, al trámite de información pública por un plazo de 45 días”.
En ese sentido, se señala que el Ejecutivo Foral, que para la “actualización y realización” del citado Plan ha tenido “seis años”, debería haber promovido, atendiendo a las “exigencias de la regulación europea y nacional”, una “importante participación pública”.